La puesta en marcha del Centro Nacional de Estudios Penitenciarios (CNEP) en Cuenca ya tiene fecha en el calendario. Según avanza en primicia en La Tribuna el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, el funcionamiento de esta infraestructura «con carácter permanente» arrancará en los primeros meses del próximo año. Es más, especifica, «durante el primer trimestre». En ese momento desembarcarán en territorio conquense los estudiantes del curso de formación para ser funcionarios de prisiones. Una oferta de empleo público de más de 1.100 plazas cuyo proceso selectivo «queremos hacer justo después de este verano», comenta Ortiz.
Ahí entrarán en juego las instalaciones que la Universidad de Castilla-La Mancha tiene en Cuenca –«fundamentales» en este proceso–, y en concreto el Instituto de Tecnología, Construcción y Telecomunicaciones. Un edificio «recién construido» y que permite operar a corto y medio plazo, mientras se plantea la reforma y acondicionamiento del colegio San Julián, que será la sede principal. A lo largo de 2022 se prevé también desarrollar la formación continua de los que ya son funcionarios de carrera, algo que hasta ahora se hacía en Madrid. De esos 24.000 trabajadores públicos, Ortiz calcula que entre 2.000 y 2.500 pueden recibir estos cursos «rotando en distintos meses». Por otro lado, el secretario general no descarta que durante lo que resta de año se lleve a cabo en la ciudad «alguna actuación muy concreta», como por ejemplo alguna reunión o encuentro de directores. Aunque ese extremo, afirma, «todavía no está definido».
Otro aspecto muy importante que también está por precisar es el presupuesto que se contempla para la implantación del CNEP. «No está cerrado ahora mismo» –explica Ortiz– porque «eso tiene que ser objeto de valoración y depende de la construcción nueva que queramos hacer». La nueva edificación de la que habla el responsable de Instituciones Penitenciarias es la creación de espacios para recrear las celdas y los módulos de las prisiones en los que los alumnos deben realizar sus prácticas. Llevar a buen puerto un cometido de esta envergadura debe pasar por el Consejo de Ministros, que lo tramitará «en los próximos meses» y que, por tanto, se ejecutará «ya el año que viene o al siguiente».
La llegada a Cuenca del Centro de Estudios Penitenciarios ha supuesto una inyección de moral e ilusión entre los conquenses. Nadie duda del gran peso de esta noticia, y no es para menos a juzgar por las cifras que supone su instalación, empezando por los 100 puestos de trabajo que puede crear y terminando por el flujo de estudiantes que generará. En este sentido, Ortiz recalca que en función de la dotación presupuestaria que disponga Instituciones Penitenciarias se podrá hacer «más o menos actividad formativa»; así como una oferta de empleo público «más o menos generosa». La combinación de estos dos factores es lo que condicionará el peso que esta infraestructura tenga en Cuenca.
Lo que resulta innegable es la positiva repercusión que decisiones de este tipo suponen como freno a la despoblación. El Gobierno cumple así con uno de los retos que se fijó entre ceja y ceja, como es el poner coto al reto demográfico que vive una parte del país, y en la que Cuenca es, tristemente, punta de lanza. Por eso Ortiz valora positivamente el papel desarrollado por todas las administraciones conquenses, así como por la Universidad regional a la hora de plantear la mejor candidatura para albergar este recurso estatal. «Todas las instituciones han ido en la misma línea y el apoyo ha sido completo para que la decisión fuese a favor de esta ciudad», remata.