La huelga en Justicia paraliza el juicio a ocho activistas

Belén Monge Ranz
-

Este miércoles, el Juzgado número 1 de la capital acogía la vista en la que se juzgada a ocho personas por protestar ante una sucursal bancaria de Caixabank en Cabanillas del Campo por intentar paralizar un desahucio. Todavía no hay nueva fecha.

La huelga en Justicia paraliza el juicio a ocho activistas

La huelga convocada en la Administración de Justicia ha provocado la suspensión del juicio que iba a tener lugar este miércoles en el Juzgado número 1 de Guadalajara, en el que se iba  a juzgar a ocho activistas antidesahucios que fueron detenidos el 5 de diciembre de 2017 por protestar ante una sucursal de Caixabank en Cabanillas del Campo. La intención era paralizar un desahucio. De momento no se ha fijado nueva fecha para la vista.

A las puertas de los juzgados, algo más de una treintena de personas de la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara mostraban se han manifestado para mostrar su apoyo a las ocho personas que iban a ser juzgados, escuchándose a la salida de los acusados del Palacio de Justicia de la capital algunos gritos de 'Libertad de reunión, sin entrar a la prisión'.

Entre los asistentes a esta concentración de apoyo se han podido ver algunas caras conocidas como la de los portavoces de Unidas Podemos-IU en el Ayuntamiento de la capital, José Morales o la del portavoz de Aike, Jorge Riendas.

La huelga en Justicia paraliza el juicio a ocho activistas La huelga en Justicia paraliza el juicio a ocho activistas

La Fiscalía pide para los acusados 10 meses de cárcel por los delitos de resistencia y desobediencia grave a los agentes y por allanamiento de un local abierto al público, mientras que por parte los abogados de CaixaBank se solicita una condena de más de tres años y medio de cárcel por los delitos de allanamiento, coacciones, resistencia a los agentes y desórdenes públicos.

A la salida, los propios acusados, en boca de uno de ellos, han vuelto a señalar que "se les detuvo irregularmente, se les acusado ilegalmente, se destruyeron pruebas, y ahora alargan un proceso judicial que va a superar ya los cinco años", una situación con la que creen que lo que se pretende que provocar en ellos un "desgaste" que no están dispuestos a sufrir.

También han lamentado que hoy se pretendiera celebrar este juicio a puerta cerrada "sin presencia de observadores ni de organismos de Derechos Humanos" que habían solicitado su presencia, en referencia a Amnistía Internacional.

A juicio de la PAG se han vulnerado los derechos de los acusados, que tienen claro que "esta pelea la van a ganar"; han dicho satisfechos del nivel de acompañamiento que han tenido a las puertas de los juzgados y convencidos de que este es el camino a seguir "para que la protesta deje de estar penalizada en España", ha indicado uno de ellos a la salida de los juzgados. 

Desde la PAG ya han anunciado que agotarán todas las instancias judiciales españolas hasta llegar, si es necesario, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha señalado a este medio Nuria Ramos.