El trasvase Tajo-Segura se proyectó en los años 30 del siglo XX, pero no fue hasta 1979 cuando comenzó su explotación, una obra que, después de más de cuarenta años de funcionamiento, sigue generando polémica y enfrentamiento entre territorios. Esta semana, una más. El miércoles, ante las puertas del Ministerio de Transición Ecológica, responsable al fin y al cabo de la decisión de trasvasar agua, se concentraron agricultores murcianos, andaluces y valencianos, todos ellos beneficiarios del agua que se extrae de los pantanos de Entrepeñas y Buendía para bañar sus tierras. La protesta busca que el Gobierno cambie el texto aprobado del nuevo Plan Hidrológico del Tajo que, entre otras cuestiones, eleva el caudal ecológico de este recurso como marca la Directiva Marco Europea del Agua y cinco sentencias del Tribunal Supremo. 

Para llevar este requerimiento a cabo entre los años 2025 y 2027, el Ministerio de Transición Ecológica tiene previsto invertir más de 8.000 millones de euros en la construcción de desaladoras en Almería, Murcia y Alicante para crear una aportación de 120 hectómetros cúbicos en el plazo de cuatro años. Se estima que la disminución de las aportaciones del acueducto Tajo-Segura a los caudales del Levante será de unos 105 hectómetros cúbicos, y con ese cálculo se espera llegar al caudal ecológico que los expertos han establecido como el más sostenible para el río. Pero las zonas beneficiarias del trasvase no están de acuerdo con este plan, principalmente, por el coste que creen que les va a suponer y que consideran que repercutirá en el empleo. En datos, lo traducen en una pérdida de 15.000 empleos y una reducción del valor patrimonial de 5.692 millones de euros. 

La manifestación de esta semana es un nuevo capítulo que se escribe momentos antes de que culmine la tramitación de ese texto, que ahora tiene que obtener el visto bueno del Consejo de Estado antes de convertirse en ley. Eso sí, una vez más, este texto no tiene contentos a todos. Ni siquiera en la provincia de Guadalajara que es de donde se extrae el agua. Mientras desde el PSOE se atribuye un éxito, el PP considera que se pierde una oportunidad para incrementar el nivel de agua estable de los embalses de la cabecera del Tajo.

«Estamos convencidos de que la verdad nos asiste y siempre ha sido así. Teníamos la razón medioambiental, la razón social, la razón judicial que nos la dio el Supremo hasta cinco veces y teníamos la razón política, nos la dio Europa, y ha hecho falta que en España gobierne el PSOE para que también nos dé la razón que teníamos. Esta victoria que se está produciendo no es por casualidad y, evidentemente, no es definitiva, que podría tener marcha atrás si otro gobierno lo decidiese, no es fruto de la casualidad», argumentó esta semana el secretario provincial de los socialistas en Guadalajara, Pablo Bellido, que puso en valor las figuras de los presidentes regional y nacional, Emiliano García Page y Pedro Sánchez, así como de la Asociación de Municipios Ribereños por su «lucha» para que se haya redactado un texto, del que dijo que esperan más. «Aunque estamos satisfechos con el Plan de Cuenca del Tajo, no estamos tan satisfechos como para decir que esto es definitivo. Aspiramos a más. Solamente, creemos que tiene sentido trasvasar agua para consumo humano».

El máximo dirigente del PSOE en Guadalajara aseguró que esperan que el Plan de Cuenca pueda aprobarse antes de la convocatoria electoral nacional de este 2023, prevista como tarde para mediados de diciembre, y advirtiendo que «como no se haga lo acordado, volveremos a ir a los tribunales que ya nos han dado la razón cinco veces y que esperemos que en el caso de tener que ir a los tribunales fuese para ejecutar sentencias».

Por su parte, desde el Partido Popular, su secretario en materia de Agua en la provincia de Guadalajara, Javier del Río, califica como «fiasco» el texto que está a punto de aprobarse porque, según defiende tras estudiarlo a fondo, «suponen un nuevo ninguneo a los pueblos ribereños de Entrepeñas y Buendía por parte del Gobierno de Pedro Sánchez».

El también alcalde ribereño del municipio de Pareja durante 24 años argumenta que se trata de una oportunidad perdida para el territorio porque el Plan de Cuenca del Tajo «no aumentan ni una sola gota las cantidades de agua embalsada de Entrepeñas o Buendía y, además, no aumentan tampoco el mínimo no trasvasable», a lo que añade una crítica al Gobierno por la falta de inversiones para los ribereños en comparación con lo anunciado en infraestructuras para el Levante. «No tengo ningún inconveniente de que vaya dinero a otras regiones pero tengo que mirar por mis vecinos y tengo que reclamar esas mismas cantidades que considero que, en justicia, tienen que llegar a nuestros pueblos. Desde los pueblos ribereños y Pareja, hemos pedido agua e inversiones».

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación de Municipios Ribereños y alcalde de Alcocer, Borja Castro, considera que «esta manifestación es ruido y una polémica estéril. No nos van a encontrar en ninguna guerra. Ellos están defendiendo su trabajo y nosotros el nuestro. Yo a esto lo llamo la burbuja del regadío. Hasta que explote. Han engordado un recurso trasvasando agua de la España rica a la España pobre. No puede ser».

Asociación

La Asociación de Municipios Ribereños está compuesta por 22 municipios de Cuenca y Guadalajara, todos ellos bañados por los pantanos de Entrepeñas y Buendía y, por supuesto, con distintas siglas. En su seno hay tensiones políticas pero también hay unión en la defensa de un recurso que para todos es vital.

«No entendemos como, desde hace 40 años, se lleva gestionando el tema del trasvase cuando se sabe que está ligado a la ruina de nuestros pueblos y el éxodo de población o de empresas a las ciudades. Nosotros nos vamos a oponer siempre al envío para regadío, para abastecimiento nunca porque no se puede negar a nadie agua para beber», señala el socialista Castro.

«Siempre hablamos de una cantidad del 50% por debajo del cual no se pueda trasvasar. Lo tenemos aprobado por unanimidad. Es uno de los principios básicos de la asociación de ribereños», recuerda el popular Javier del Río. 

El presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, José Luis Vega, también se pronunció esta semana, apenado, sobre la situación que atraviesa la zona de la cabecera del Tajo: «Me parece lamentable que en el año 2023 el río Tajo esté como está; un río Tajo que se está muriendo. Para aquella gente que necesite beber, tienen el agua del Tajo. Pero, evidentemente, para enriquecerse otras comunidades autónomas también nosotros tenemos derecho a enriquecernos y a disfrutar, en este caso, de un río Tajo sano y de unos pantanos llenos de agua. Si se la siguen llevando, lo que vamos a conseguir es que no llegue ni un litro de agua a la desembocadura en Lisboa», decía el máximo responsable provincial, que advertía que «no sobra el agua, hay agua para beber para todos pero, evidentemente, no para enriquecerse. Los regantes tienen las desaladoras y deben utilizarlas».

Y entrando en las rencillas políticas, desde el PSOE se acusa al PP provincial de practicar seguidismo respecto a la postura de la dirección regional: «No sabíamos que el PP de CLM también era candidato del PP de Murcia, que a veces creo que juega a eso. Está más por los intereses electorales de su partido que por los intereses de los ribereños. Todo el mundo habla de los municipios ribereños pero ni Paco Núñez ni Lucas Castillo se han acercado todavía a los municipios ribereños», declara Borja Castro.

En cambio, Javier del Río defiende que «El PP dice lo mismo en Pareja, en Sacedón, en Murcia y en Levante. Entiendo que el PSOE es especialista en utilizar el tema del agua como confrontación y especialmente cuando nos aproximamos a las fechas electorales como arma arrojadiza. Tenemos que acabar con estos enfrentamientos con acuerdos y escuchando a los técnicos. Y más entre los que hemos sido durante lustros solidarios, que somos los pueblos ribereños».