La búsqueda en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de anuncios de procedimientos públicos para la instalación de plantas fotovoltaicas en la provincia permite comprobar que en los últimos 18 meses se han multiplicado notablemente tanto en número como en superficie afectada.

Pueblos como Valdenuño-Fernández, El Casar, El Cubillo de Uceda, Viñuelas, Uceda, pero también Marchamalo, Yunquera, Fontanar, Tórtola, El Pozo de Guadalajara, Galápagos, Torrejón del Rey, Yebes, Horche, Valdarachas, Chiloeches o Budia, entre otros, aparecen como lugares de destino para la instalación de plantas fotovoltaicas que, en muchos casos, forman parte de grandes proyectos. Uno de los últimos conocidos es el que se convertiría en el cuarto parque solar más grande de España, compuesto por más de un millón de placas solares, y que ocuparía una superficie de 1.160 hectáreas distribuidas entre los términos municipales de Malaguilla, Galápagos, Torrejón del Rey, Málaga del Fresno y la pedanía de Usanos, así como El Casar que sería el punto de evacuación de la línea hasta Madrid y que ya tiene cuatro líneas de alta tensión.

Ante esta proliferación de proyectos, ya hay voces de vecinos y alcaldes que solicitan una regulación nacional o autonómica para controlar la instalación de fuentes de energías renovables de este tipo. 

Instalación de una planta solar fotovoltaica en Fontanar. - Foto: Javier Pozo

Desde la plataforma de Aliente Guadalajara consideran que es necesario evitar la burbuja especulativa que están creando las empresas privadas. Este colectivo asegura que ya son más de 70 los proyectos para la instalación de placas solares que se han presentado en la provincia de Guadalajara, lo que supone la ocupación de más de 11.839 hectáreas de terrenos, de los que unas 7.000 hectáreas estarían en la Campiña, a lo que se suma el impacto de los más de 465 kilómetros de nuevas líneas de alta tensión por el mapa provincial.

«Pedimos una exclusión de zonas con valor ecológico, pasajístico o económico por ser terrenos agrícolas o de regadío. En lugar de pedir que se pongan en zonas degradadas y que se fomente el autoconsumo, se ha optado por la vía del pelotazo.  Lo hacen muchas veces a espaldas de los ayuntamientos y del resto de los vecinos, y genera una problemática  muy fuerte en los pueblos», denuncia Rosa Pardo, vecina de Caspueñas y miembro de la plataforma Aliente, que asegura que «la única salvación de un pueblo pequeño es no tener hecha la concentración parcelaria porque eso no les interesa a los captadores. En mi pueblo, lo vimos venir a finales de 2019. Todo parece bonito porque das más renta a los ayuntamientos pero es un caramelo envenenado porque estás destruyendo el tejido productivo».

Además, los trazados de las líneas de alta tensión necesarios para transportar la energía obtenida por las plantas solares plantean problemas con los espacios de las ZEPA (Zona Especial de Protección de Aves) de ríos como el Jarama o el Henares. «El grupo peor parado es el de las aves esteparias. Va suponer la extinción comarcal de algunas especies porque se van a quedar sin espacio donde desarrollar sus ciclos», advierte David Almonacid, también de la plataforma Aliente, que además señala que este transporte de energía es ineficaz porque «cuanta más larga sea la línea de evacuación, más cantidad se pierde. Es un coste elevadísimo de territorio y de diversidad».

Instalación de una planta solar fotovoltaica en Fontanar. - Foto: Javier Pozo

Sin duda, la elección de la provincia de Guadalajara, y sobre todo de Campiña y la Alcarria, por parte de las empresas no es casual, sobre todo, por la cercanía a Madrid y por la despoblación. A ello, hay que sumar los recursos económicos que aporta la instalación de plantas de energías renovables a los ayuntamientos, primero en forma de licencias de obra y luego por el impuesto de actividad económica. Además, se da la circunstancia de que el precio del suelo es menor que en Madrid y que esta comunidad sí que tiene protegidas algunas áreas colindantes con Guadalajara como ZEPA. 

«Es un aluvión de proyectos y es muy difícil llegar a todos. Hay pueblos pequeños donde no hay gente capacitada para poder alegar. Es injusto porque la España mal llamada vaciada está desprotegida y están eliminando su fuente económica», valora Teresa Bartina, de Aliente Guadalajara, que apunta que la plataforma a la que pertenece ha planteado alegaciones al 80% de los proyectos ya presentados. 

«Estamos elaborando un documento que vamos a remitir a todos los ayuntamientos con información para modificar sus POM, que están todos obsoletos, para tener en cuenta esta avalancha que se avecina», anuncia Berta Caballero, también de Aliente Guadalajara.

Esté periódico se ha puesto en contacto con la Delegación de la Junta en Guadalajara, ya que la Consejería de Medio Ambiente es la encargada de evaluar los proyectos de plantas fotovoltaicas, pero han aludido a falta de tiempo para preparar datos y realizar declaraciones sobre este tema.