Prosigue en la Audiencia Provincial de Guadalajara el macrojuicio por un cuantioso fraude de IVA por valor de cerca de 30 millones de euros y por falsedad documental, en el que están implicadas 27 personas. La Fiscalía ha emitido este martes sus conclusiones definitivas, manteniendo sus peticiones de pena de 18 años y seis meses de cárcel para los supuestos cabecillas, J.G.G. y J.C.M.B., por su participación en este entramado de empresas entre los años 2014 y 2017, así como para la hija del primero, T.G.G., y la pareja del segundo, S.R.J.
El Ministerio Fiscal pide para cada uno, cuatro años de cárcel por cada delito fiscal de cada ejercicio, multa por el importe defraudado y por el delito de falsedad documental 2 años y seis meses, y justifica sus peticiones de pena basándose fundamentalmente en las evidencias a las que durante este juicio han hecho referencia en sus declaraciones los peritos, especialmente a las pruebas periciales de la vigilancia aduanera. También rebaja sus peticiones de prisión para alguno de los otros 23 acusados, al entender que no en todos los casos quedaba justificada su implicación durante los cuatro ejercicios (2014-2017) que se investigan
Así, la Fiscalía considera autores de fraude de IVA y de falsedad documental a los administradores de las sociedades instrumentales y a los testaferros, mientras estima como colaboradores a algunos de los empleados que participaron de manera activa en la organización de las tramas, que afectan específicamente a los impuestos indirectos sobre el consumo general y sobre el consumo de determinados bienes.
Al igual, desde la Fiscalía creen que ha quedado ilustrado de las pruebas practicadas que se trata de una modalidad "de fraude en carrusel", en la que se establece un entramado societario de manera que "lo bienes viajan, de manera ficticia, supuestamente, de una sociedad a otras, para evitar que el fisco pueda darse cuenta de que viajan casi siempre del tercer estado miembro al cliente final, sin pasar por dichas empresas", ha señalado durante el juicio.
Una vista en la que ha incidido en como este tipo de fraude es también "gravemente perjudicial" para el normal funcionamiento del mercado, "competiendo con empresas que pagan regularmente sus impuestos", considerando que en este caso ha quedado acreditado que gracias al impago de los impuestos podían vender las mercancías más baratas, y a medio plazo incluso "se echa del mercado a los empresarios cumplidores, que ven mermada también su competitividad".
En el caso concreto de J. G.G., la Fiscalía estima que ha quedado acreditado su grado de participación, siendo uno de los principales implicados.
Considera que utilizaba un despacho rotulado como sede administrativa en San Fernando de Henares (Madrid), quedando acreditado también que era el socio de J.C.M.B., y que tenía un papel "esencial" en la trama ya que se encargaba, entre otras cosas, de diseñar los organigramas con los que se funcionaba, tal y como figuraba en las anotaciones de sus agendas, de gestionar y tenía acceso a las cuentas bancarias.
Además, diariamente controlaba la organización, preparaba la contabilidad y mantenía conversaciones casi a diario con su hija, T.G.G., también acusada en esta trama.
Con respecto a J.C.M.B., el otro directivo, el Ministerio Fiscal lo considera otro de los cabecillas "esenciales" de la trama, con acceso también a un despacho en San Fernando de Henares, y descarta que el consumo de sustancias estupefacientes fuera motivo de atenuante de la pena, sino que por el contrario, considera que queda acreditada su autoría en estos delitos.
Aunque inicialmente estaba previsto que la vista concluyera a finales de mes, es previsible que en unos días el juicio quede visto para sentencia.