La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha celebrará los días 27 y 28 de febrero y el 1 de marzo la vista por el recurso de apelación presentado por la Fiscalía de Guadalajara ante este tribunal, contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, el pasado mes de abril, referida al incendio registrado en una planta de reciclaje de residuos tóxicos en Chiloeches en agosto de 2016, un fuego que provocó una nube de humo tóxica y el vertido de los residuos que se almacenaban de manera incontrolada en la planta de tratamiento.
La apelación interpuesta por la Fiscalía de Guadalajara contra la sentencia no afecta ni a cargos ni a  ex altos cargos públicos ni políticos, que ya fueron absueltos por sala, sino a empresas y particulares vinculados con los vertidos, que aunque fueron condenados, el Ministerio Fiscal entiende que no se aplicó un subtipo agravado en el delito contra el medio ambiente que debería haberse aplicado. El Ministerio Fiscal también impugnó la absolución de falsedad documental y la apreciación de un atenuante de rebaja de pena a una de las empresas, cuestiones que se verán igualmente en el Tribunal de Albacete.
Durante los tres días de la vista, no solo se verá el recurso de la Fiscalía sino los interpuestos por las partes que fueron condenadas. La sentencia que se dicte por el Tribunal de Albacete es también susceptible de recurso de casación.

Habida cuenta de la gravedad y complejidad de la causa, de forma excepcional, en vez de los fiscales del TSJCLM, acudirá al señalamiento la fiscal de la Fiscalía Provincial de Guadalajara, Patricia Vilela, al ser ella quien llevó la causa desde el inicio; un caso que incluso requirió de un refuerzo de personal en su etapa de instrucción.

Fue en abril de 2022 cuando la Audiencia Provincial de Guadalajara dio a conocer la sentencia por esta vista, en la que se recoge la absolución de todos los cargos y ex altos cargos políticos encausados en el caso del incendio de esta planta de reciclaje, tras considerar que no hubo dejación de obligaciones ni funciones por parte los siete procesados por delito de prevaricación medioambiental.

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha - Foto: Rubén Serrallé

Se trató del juicio más largo que se recuerda en Guadalajara. Un macrojuicio que se iniciaba el 20 de septiembre de 2021 y que quedaba visto para sentencia en diciembre, después de 45 jornadas maratonianas y 205 horas, en las que se tomó declaración a 18 acusados, a 154 testigos y a 36 peritos.

Dicha sentencia sí condena a cinco personas relacionadas con las dos empresas de gestión de residuos, como son Francisco Fernández García, Pablo Layna Calvo, Sergio Layna Calvo, Manuel Amador Layna Calvo y Juan José Gutiérrez de Loma. Los considera autores criminalmente responsables de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Dicha sentencia condena también a las empresas Kuk Medioambiente y Grupo Layna, que se encargaban de la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos en una planta, como responsables de un delito contra los recursos naturales y el medioambiente. En el caso de la primera, a una multa diaria de 50 euros durante dos años; y a la segunda, a la multa de un año con cuota de 100 euros diarios.

Todos estos acusados deben indemnizar conjunta y solidariamente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con 5 millones de euros, a la Confederación Hidrográfica del Tajo con 22.000 euros y a la entidad Altamira con un millón de euros.