El juez Peinado no se amilana. Da la impresión de que no le afectan las declaraciones de destacados socialistas, y los comentarios en medios de comunicación afines, que lo presentan como un profesional empecinado en destruir al gobierno hasta el punto de perder el rigor al que se debe, lo que le llevaría incluso a ser acusado de prevaricación.

No se conforma con la apreciación de la Audiencia Provincial de Madrid de cerrar "el caso Begoña" al considerar que las informaciones que acusaban a la mujer de Sánchez de interceder para que el gobierno rescatara a Air Europa con 475 millones de euros ante la situación de precariedad que sufría la empresa de la familia Hidalgo, eran "conjeturas". Peinado, desde el juzgado de instrucción número 41 de Madrid, decidió, sin embargo, que era necesario intensificar las investigaciones cuando se publicó el contenido de conversaciones que habían quedado registradas en el móvil de Koldo. En esas conversaciones se recogía que Javier Hidalgo, CEO de la compañía aérea, llamaría a Begoña Gómez para que intercediera ante el gobierno.

Que la llamada tuviera relación con que el gobierno efectivamente acudió al rescate de Air Europa lo determinará la investigación, pero hay motivos sobrados para sospechar que la mujer del presidente pudo no haber sido ajena. En primer lugar, porque se han conocido sus dos cartas a ministros en las que expresaba su interés por empresas que habían pedido subvenciones y contratos al gobierno. Con éxito. Y, segundo, porque al poco de ser rescatada por el gobierno, Air Europa firmó un acuerdo con Africa Center para colaborar con 40 mil euros anuales. AC es un organismo adscrito al Instituto de Empresa por solicitud de Begoña Gómez, y dirigido por ella. Por tanto, existen motivos para investigar si en la conexión de Gómez con Hidalgo puede haberse dado un caso de tráfico de influencias, como pretende investigar el juez.

El gobierno denuncia que la mujer del presidente es víctima de una persecución por parte del juez Peinado y de varios medios de comunicación. No es cierto. Lo que no comprende el presidente de gobierno, ni su esposa, ni quienes la defienden con tanto empeño, es que Begoña Gómez es una ciudadana que, como cualquier otra persona, incluidos los más altos cargos, están obligados a cumplir las leyes. Lo único que puede variar es que son juzgados por el Tribunal Supremo, instancia ante la que deben comparecer, no por los tribunales ordinarios.

En España, se han sentado en el banquillo una Infanta y su marido, miembros del gobierno, líderes políticos y empresariales, deportistas de primer nivel, banqueros y destacados personajes de la crónica social. Y varios de ellos han cumplido penas de cárcel.

La persona más interesada en que se investigue a fondo a Begoña Gómez, para que se libre de cualquier sospecha, debería ser ella misma … Y su marido, el presidente de gobierno.

Tratar de defenderla presentándola como víctima de una conspiración para tumbar el gobierno, aparte de ridículo es poco inteligente.