El detonante, que no el origen ni su causa, del cenagal político en que estamos fue la puesta en marcha por la Audiencia Nacional de una causa que afectaba de pleno al Gobierno de Sánchez. Las investigaciones de la UCO de la Guardia Civil habían hecho aflorar una trama corrupta radicada en el ministerio del entonces todopoderoso ministro y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, en la que se encontraban inmersos sus más allegados.

Investigaciones periodísticas destaparon también que el asunto comprometía además a dos presidentes socialistas de CC.AA. --Baleares y Canarias--, Armengol y Torres, que tras haber sido descabalgados por las urnas, Sánchez había elevado respectivamente a la presidencia del Congreso y al ministerio de Administración Territorial. Otros dos ministerios, el de Interior, en manos de Marlaska y el de Sanidad, entonces en las de Salvador Illa, actual candidato a las elecciones catalanas, también aparecían relacionados. Otra linea de investigación destapó que la esposa del propio presidente del Gobierno, Begoña Gómez, había mantenido reuniones con uno de los implicados que aparecía como pieza clave en el rescate de una aerolínea por más de 600 millones y obtenido subvenciones para organizaciones que dirige.

Además y, por si fuera poco, era llegado el momento de consumar la rendición a todas las pretensiones del prófugo Puigdemont y aprobarle a su entera medida, a la carta y redactada por el mismo, su Ley de Amnistía.

Fue entonces cuando se filtró la imputación de la Agencia Tributaria de un presunto delito fiscal en las declaraciones de la renta de los años 2020 y 2021 del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz por un importe total entre ambas de más de 350.000, en cuyo proceso de difusión se produjeron, al menos, varios hechos con mucha presunción de ser delictivos. El primero la propia filtración por parte de uno o varios funcionarios, por el momento desconocidos, de esos datos, acto penado incluso con cárcel, pues supone la flagrante violación de datos personales que están obligados a no revelar.

Pero aún más grave fue el hecho de que, ante de que estos se hicieran públicos, fueran adelantados cuatro horas en declaraciones a la prensa por la vicepresidenta y ministra del ramo, María Jesús Montero, que no solo vulneró sino que violó las normas que más que nadie está obligada a respetar y hacer cumplir. No menos gravedad tiene la acción del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, nombrado por Sánchez, quien ordenó hacer públicas las negociaciones habidas con el abogado del afectado por la denuncia, donde se mostraba dispuesto a pagar la deuda que hacienda se le reclamaba.

Estos dos actos han dado lugar a que, por un lado, el señalado por la vicepresidenta anuncie una querella contra ella y por parte del Consejo General de la Abogacía y del Colegio de Abogados de Madrid, un hecho sin precedentes, se presente otra contra el propio Fiscal General cuyo acto entienden choca y vulnera el legítimo derecho a la defensa al utilizarlos ilegal e ilegítimamente contra el demandado.

El escándalo de la apresurada puesta en circulación del asunto tenía un evidente objetivo: esconder y solapar el propio, crear un revoltijo y dirigir hacia Ayuso el foco mediático, cosa que en efecto y desde los medios afines, que son masivos y potentes, de Moncloa se ha conseguido en buena parte.

Creo que, al respeto, la reacción de la Presidenta madrileña no ha sido en esta ocasión la más adecuada, y aunque a la luz de los hechos, otra cosa son las pretensiones y clamores de sus rivales políticos, su implicación legal y contractual es nula, no ha estado acertada en su respuesta al ataque. Esta había de haberse limitado, sin entrar en valoraciones en la disputa entre la Agencia Tributaria y su pareja, a deslindar con claridad los hechos con el ejercicio de su cargo y su nula relación con ellos.

En primer lugar que en las fechas donde se produjo ese supuesto fraude en la declaración al Fisco no existía siquiera relación sentimental alguna entre ellos y tampoco ninguno de sus negocios habían tenido que ver con la Comunidad Madrileña. Aún más, la empresa para la que él había prestado sus labores de intermediación, y que había obtenido contratos del ministerio dirigido por Illa había sido una de las señaladas, en total una docena, por el PP madrileño ante la Fiscalía Anticorrupción para que indagara su idoneidad. La investigación la exoneró y consideró apta, mientras que destapó las turbiedades de la que operaba al influjo del principal asesor de Ábalos, Koldo Haría Izaguirre.

De hecho, y redunda en lo dicho, que ni siquiera en el señalamiento político y mediático a Ayuso se indica la cuestión de fondo, pues no existe vinculación contractual alguna ni suya ni de la Comunidad que preside, y es precisamente ese encarnizamiento contra ella lo que le puede dar una baza añadida en la batalla, donde si existen pruebas cada vez mayores de una operación orquestada y que puede haber traspasado las líneas rojas de la legalidad por parte de la vicepresidenta Montero y el Fiscal General.

Mención aparte y final es la intervención personal y creciente en el asunto de Pedro Sánchez que ha puesto de manifiesto su peor cara de todo este asunto. Las formas, fondos y maneras de actuar adquieren aires amenazantes y hasta de matón. Lo sucedido en sede parlamentaria donde, de nuevo, fue protagonista la vicepresidenta Montero apoyada por él en continua gesticulación y audibles y repetidas admoniciones en el ataque contra Alberto Núñez Feijóo, fue verdaderamente repulsivo y hubiera de ser motivo de general reproche.

Utilizar un bulo, de absoluta falsedad reconocida incluso por el periodista y medio que lo publicó, para intentar manchar al líder de la oposición y su esposa, con un error tan grotesco y que solo puede ponerse en funcionamiento en el fragor de esta cacería, indica el grado de furia y saña que parece va a utilizarse por quien tras hacerlo luego se marcha a Bruselas para quejarse de que se está embarrando el panorama. Y sí, tiene razón. Lo que calla es que es él mismo el primero y principal responsable del cenagal en que estamos metidos.

Conmigo que no cuenten. Ninguno. Resulta cada vez más imprescindible ejercicio de sanidad mental el cerrar oídos a los clamores declarativos, esperar la acción de la Justicia (excluido el fiscal de parte y a la orden) y confiar, cuando llegue, en el veredicto de las urnas. Mientras cada vez siento más la tentación de dedicarme por entero a la literatura. Esto cada vez da más asco.