Sin sobresaltos de última hora, el Gobierno logró salvar en el Congreso su plan antiaranceles con la convalidación del Real Decreto-Ley gracias al apoyo de sus socios de investidura, con la única excepción de Podemos, que se abstuvo por parecerle poco ambicioso. Eso sí, para sacar adelante esta iniciativa tuvo que volver a ceder ante el independentismo catalán, algo que ya se está convirtiendo en costumbre cada vez que el Ejecutivo quiere vencer en alguna votación en el Congreso de los Diputados. Los de Puigdemont, que escondieron su apoyo hasta unas horas antes, volvieron a conseguir un compromiso del ministro Cuerpo para que el 25 por ciento de las ayudas del proyecto vayan a parar al tejido productivo catalán con el argumento de que "Cataluña es una de las regiones de España con más peso industrial", según su portavoz, Josep María Cruset.
La desvergüenza del Gobierno está más que demostrada, pues ya ni siquiera se ruborizan tras pactar con Junts una disposición de "garantía de proporcionalidad territorial" en la aplicación de los fondos, a pesar de que hace justamente un mes (el pasado 8 de abril) la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, María Jesús Montero, desmintió esta idea y aseguró categórica que "no hay ningún tipo de acuerdo que beneficie a un partido o a un territorio". La cláusula recoge que la puesta a disposición de los recursos se efectuará «con respeto al equilibrio territorial, sobre la base del porcentaje de las exportaciones de bienes con destino a Estados Unidos de las empresas de cada comunidad autónoma respecto al total de España en 2024 con particular atención a las que tengan una mayor exposición», que casualmente es Cataluña.
Sánchez inició la semana pasada una ronda de contactos con el resto de fuerzas parlamentarias, a excepción de Vox. Las negociaciones fueron especialmente intensas con el Partido Popular, que en un primer momento aplaudió que el Gobierno abriese una puerta a negociar con ellos un plan en el que se podían encontrar puntos de acuerdo. Sin embargo, finalmente los socialistas se inclinaron hacia los independentistas catalanes, con quienes no tienen problemas en ceder, antes que incluir en el plan algunas de las propuestas populares. Precisamente una de las causas que descarriló la negociación con el PP fue la promesa a Junts de ese 25 por ciento para las empresas catalanas.
Finalmente, entrando en el contenido del plan antiaranceles, los populares criticaron ayer que solo contiene "deuda, préstamos y avales", algo que también han manifestado las patronales. Y es que el decreto no ha gustado ni siquiera a quienes lo han apoyado, ya que la formación de ERC, a pesar de haber votado a favor, lo ha calificado de incompleto y con "medidas mínimas", mientras que Podemos le achacó falta de ambición.