Ya están en marcha las dos comisiones del Congreso y Senado destinadas a desentrañar qué ocurrió en este país durante los primeros momentos de la pandemia con la compra de mascarillas y todos aquellos elementos necesarios para hacer frente al COVID-19 de los que algunos insolidarios sacaron pingües beneficios cobrando comisiones que excedían de las habituales.
A falta de establecer la lista de los comparecientes en una y otra, se instala el convencimiento de que a ninguno de los partidos parece interesarle desentrañar lo ocurrido y preparar al país para que no vuelva a suceder, para convertirlas en un instrumento más para desgastar al adversario, no solo por los nombres propuestos, sino por el orden en que serán llamados a prestar su testimonio.
En el Senado, donde el PP con su mayoría absoluta ha instado la creación de la comisión sobre el "caso Koldo", los populares amenazan con la posibilidad de llamar a declarar a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, a pesar de que su relación con el objeto primigenio de la comisión no solo es tangencial, sino que sobre ella no hay abierta ninguna diligencia y su nombre no aparece en ninguno de los informes realizados por los investigadores del "caso Koldo". Si realmente existieran indicios de delitos y el PP los tuviera amarrados lo que debiera hacer es presentar una querella en el juzgado, pero apenas cuenta con una serie de informaciones periodísticas que dan para poco más, por el momento, que para titulares insinuantes, y para avalar su pretensión de convertir el "caso Koldo", en el "caso Sánchez", a lo que han sumado unas supuestas recomendaciones de Begoña Gómez para que uno de los empresarios que financiaban el máster que impartía accediera a contratos públicos, sin que se haya tenido en cuenta las declaraciones en contrario desde los departamentos afectados.
Tan es así que hasta el propio letrado del Senado en un informe sobre el objeto de la comisión de investigación del Senado añadía que la pretensión del PP de que se estudiara "la presunta existencia de una red de tráfico de influencias que, según han publicado los medios, estaría vinculada con el entorno político y familiar más cercano del Presidente", o que se indagara sobre la presencia en Barajas, en 2020, de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, -un asunto archivado en los tribunales-, no se ajustan a "las previsiones del acuerdo del Pleno del Senado".
No menos curiosa es la intención de que el exministro de Sanidad, Salvador Illa, candidato del PSC a la Generalitat, al que todas las encuestas dan por vencedor de los comicios, declare antes de que comience la campaña electoral para tratar de dejarle a los pies de los caballos por su gestión, a pesar de que los únicos beneficiarios de su tropiezo no sería su candidato, sino directamente los dos partidos independentistas catalanes, lo que recuerda a lo de quedarse tuerto con tal de ver al adversario ciego, para que Pedro Sánchez no pueda utilizar su triunfo como un aval a la ley de amnistía, al margen de los intereses para Cataluña.
Otro tanto ocurre en la comisión de investigación el Congreso donde todo gira alrededor de la comparecencia o no de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a la que el PSOE trata de cercar por su relación sentimental con una persona que consiguió comisiones con las mascarillas y las defraudó a Hacienda.