El papel que se le atribuye a la Fiscalía General del Estado en la Constitución de 1978 es del máximo rango. Artículo 124: «El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos, el interés público…» La cuestión es determinar de quien depende la Fiscalía finalmente, y ese mismo artículo establece que: «El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial». Lo determinante, claro, es que el Fiscal General del Estado es nombrado por el gobierno de turno, y así ha sido siempre en las últimas décadas. Una figura que siempre, en mayor o menor medida, ha estado en sintonía con el partido gobernante, el PSOE o el PP. Queda claro de quien depende la Fiscalía. 
No hay que esperar demasiado del Fiscal General del Estado en cuestión de independencia, ni antes ni ahora, aunque ahora la decadencia de su figura ha llegado a su punto culminante. Pedro Sánchez lo ha tenido claro desde el primer momento, incluso antes de ser presidente con la famosa frase a preguntas de un periodista: «¿Y de quien depende la Fiscalía, de quien de pende?». Lo que ha sido norma habitual en las últimas décadas, los puntos negros de nuestro entramado institucional, adquieren en la presidencia de Sánchez características grotescas, indisimuladas, sin pudor, sin límites. Lo que está ocurriendo en la Fiscalía es un síntoma evidente de la decadencia institucional que aqueja al edificio de nuestra democracia, este galimatías perverso en el que los políticos insultan a los jueces, y algunos jueces parecen querer ejercer de opinadores políticos cuando no de políticos directamente. Si nadie hace lo que tiene que hacer, si las funciones constitucionales se diluyen, si al presidente del gobierno le da igual ocho que ochenta, si el único que parecer permanecer en su puesto en medio de la ruina es el Jefe del Estado, si el resto de las instituciones fallan estrepitosamente, el ambiente de decadencia institucional acabará por afectar a los cimientos.
Lo que está pasando con el fiscal García Ortiz tiene que ver con la supuesta filtración de una conversación privada. El fiscal mantiene que la filtración fue para frenar un bulo del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. En medio de todo, la pareja de Isabel Díaz Ayuso y sus supuestas irregularidades con Hacienda. Este es el asunto central que ha devenido en una imputación del fiscal por parte del Tribunal Supremo. A partir del momento de la imputación todo cambia, hay un doble plano para el análisis. Por un lado está el asunto de González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y la intervención que en su gestión mediática pudiera tener el gabinete de Ayuso, además de la responsabilidad con Hacienda y el presunto fraude del protagonista. Pero por otro lado, surge la responsabilidad del propio fiscal como supuesto filtrador de una conversación privada con destino a la presidencia del Gobierno y con el objetivo de que lo informado en la filtración sirviese de munición política a los rivales de Ayuso, en este caso el dimitido Juan Lobato, el líder socialista madrileño que registró lo acontecido en la Notaría ante la extrañeza que le provocó.
Lo insólito en lo tocante a García Ortiz ti es su atornillamiento en el puesto una vez que ha sido imputado .Es la primera vez que un Fiscal General del Estado es imputado y permanece  como si nada hubiese pasado argumentando animadversión manifiesta y tendencias políticas en el juez Hurtado que está llevando el caso. Aunque fuera así, el tiempo sería el encargado de demostrarlo pero el imperativo del fiscal señalado nada menos que por un juez del Tribunal Supremo debería ser la dimisión inmediata, por el bien de la carrera fiscal y por una mínima higiene institucional. A día de hoy son muchos los fiscales españoles que están asombrados con lo que está ocurriendo, también bastantes de tendencia progresista. Consideran que el daño a la institución de la fiscalía puede ser de gran magnitud. Todo asombroso y una pieza más, pero de gran importancia, dentro del desconcierto institucional generalizado.