Es muy probable que el título de esta columna se corresponda más con el deseo que con la realidad. Pero nunca hay que perder la esperanza. Ni tampoco la confianza en quienes todavía tienen la facultad de rectificar y poner las cosas en su sitio, aunque ellos no acepten su fracaso. 
El Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia que impedirá a Oriol Junqueras reírse de los españoles. Una sentencia que confirma la inhabilitación hasta el año 2031 al orondo presidente de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Los jueces del alto tribunal, por unanimidad, han considerado que no puede existir «malversación atenuante» del que fuera vicepresidente del gobierno catalán en otoño de 2017 por utilizar dinero público -el que se detrae de nuestros impuestos- para organizar el referéndum ilegal del 1-O y costear el intento de separar a Cataluña de España. El mundo al revés del España nos roba. 
Los argumentos del Tribunal Supremo son razonables, sólidos y convincentes. Hasta el punto de que el Gobierno de Sánchez, autor de la reforma del delito de malversación y responsable de la supresión en el Código Penal del delito de sedición, ha decidido no meterse en más charcos y apuntarse también a la fiesta. A los voceros de Sánchez les ha faltado tiempo para subrayar el éxito de su reforma, en lugar de asumir la dura realidad: que el intento de agradar a los independentistas catalanes para que le sigan apoyando hasta el final de la legislatura ha sido un fracaso. Por no decir un bochornoso ridículo.
Sobre la chapuza de la ley del «solo sí es sí» ya está casi todo dicho. Si acaso, echo en falta una gran manifestación feminista, encabezada por las ministras Irene Montero y su amiga Ione Belarra, en la que se denuncie a todos los jueces fachas que la están aplicando (todos unos machistas, incluidas supongo también las juezas).
Lo que tendrían que hacer las ministras de Igualdad y de Derechos Sociales y Agenda 2030 -en lugar de insistir sobre los méritos, aciertos y bondades de la controvertida ley de «garantía integral de la libertad sexual»- es irse a su casa. Como se están yendo a su casa decenas de violadores, acogiéndose a las lagunas y fallos técnicos que no se tuvieron en cuenta a la hora de redactar su «ley estrella».
Las chapuzas, aunque no siempre, acaban descubriéndose. Y, cuando esto ocurre, los autores del desastre deben tener la decencia y la dignidad suficientes -como ocurre en la mayoría de los países democráticos- para dimitir. Pero aquí no dimite nadie. Ni los que hacen leyes que provocan la indefensión de las víctimas de agresiones sexuales, ni de quienes votaron y aplaudieron en su día la chapuza legislativa de unas indocumentadas. 
Cuando a uno se le ve el plumero de forma tan clamorosa, y en cuestiones que afectan a la vida de las personas, lo mejor es pedir disculpas, asumir responsabilidades por los daños ocasionados y tirar la toalla. De nada sirve esconder la cabeza debajo de las alas o decir que todos los jueces (y juezas) son de derechas y aplican las leyes como les da la gana. Tampoco se sostiene ya la tesis gubernamental de que la derecha en España -incluida la liderada por Feijóo, que se ofrece a colaborar en la solución de los errores más graves del gobierno-siempre obstaculiza los avances sociales. 
Las chapuzas del Gobierno no pueden quedar impunes, como tampoco los violadores y agresores sexuales.