El plan del Gobierno para que la amnistía a los condenados por el procés sea una realidad continúa su camino. Ayer, la Mesa del Congreso dio un paso más con su rechazo para que el órgano de Gobierno de la Cámara Baja recogiera la opinión tanto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como del Consejo Fiscal sobre la controvertida proposición de ley que el PSOE acordó con los secesionistas para poder sacar adelante la investidura. Esta iniciativa había sido impulsada por un PP que cree fundamental conocer el posicionamiento de jueces y fiscales, al considerar que la amnistía es inconstitucional ya que vulnera el principio de igualdad de los españoles y se entromete en las funciones del Poder Judicial. A escasos días de que la Constitución celebre sus 45 años de existencia, socialistas y Sumar continúan con su particular hoja de ruta, que pone una alfombra roja para la tramitación de esta norma que supone un desafío y que ha generado una división entre la sociedad española sin precedentes.
Pese a que el Gobierno, tanto por boca de Sánchez como de Bolaños, dejó claro que las negociaciones y el proceso se iban a llevar a cabo con luz y taquígrafos, desde el Ejecutivo se están esforzando porque no trascienda quién será el verificador de todo el proceso. No hay duda de que el Gobierno confía en que el camino de la tramitación no experimente sobresaltos, pero la realidad es que son varios los jueces que ya han advertido que la amnistía choca de manera frontal contra siete artículos de la Carta Magna y en la UE todo el grupo popular se ha alineado con la tesis de Génova, donde se ha llevado a cabo en los últimos días una serie de cambios en el núcleo duro para tratar de dar batalla en la tramitación.
La acción más inminente tendrá lugar hoy y mañana en Bruselas, cuando el proyecto de ley de amnistía llegue, a petición de los presidentes autonómicos del PP, al pleno del Comité Europeo de las Regiones, en el que los populares denunciarán una vez más en Bruselas los pactos del PSOE con ERC y Junts. El PP defenderá una enmienda que ha propuesto para pedir que la UE prohíba, por ley, la concesión de amnistías e indultos a condenados por delitos de corrupción, como el de malversación pública, por el que fueron encarcelados varios consejeros catalanes que organizaron la consulta ilegal de 2017. Las conclusiones de este órgano sólo serán de carácter consultivo, pero el papel que juegue Bruselas en todo el proceso puede ser determinante y convertir la hoja de ruta del Gobierno en una carrera de obstáculos para aprobar una norma que el propio PSOE consideraba inconstitucional antes de las últimas elecciones.