Que un día después del gran apagón sigan sin conocerse con certeza las causas por las que se produjo es el quid de la cuestión que es preciso resolver. Solo así se podrá avanzar en la adopción de medidas para que no vuelva a repetirse. Descartada por todos los servicios de información la posibilidad de un ciberataque, las soluciones no serán las mismas si se ha producido un desequilibrio entre la producción y la demanda, si ha sido efecto de que España sigue siendo una isla energética que necesita acelerar las conexiones con Francia, o si todo se ha debido a un fallo técnico de carácter más pedestre. 

Como señaló el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la desinformación se combate con informaciones fiables que son las que está demandando la ciudadanía y los grupos políticos. Entre tanto, los ciudadanos han estado más pendientes de resolver sus problemas particulares que a darse a las especulaciones conspiranoicas. Quienes sí han desarrollado una intensa campaña han sido, por una parte, el lobby nuclear, y por otra los detractores de las energías renovables. En el primer grupo se inscriben el PP y Vox, que se han manifestado en contra del cierre de las centrales nucleares que están a punto de terminar su vida útil, por supuesto las compañías eléctricas que son sus propietarias, y el conglomerado empresarial; en el segundo se encuentran los detractores del Pacto Verde y la transición ecológica, también Vox. El presidente del Gobierno desvinculó la falta de generación eléctrica de origen nuclear como la causa del apagón y anunció la creación de una comisión de investigación en el Ministerio de Transición Ecológica que determinará si hubo negligencias por parte de los operadores privados, además de solicitar un informe independiente sobre lo sucedido a Bruselas.

Como es frecuente cuando existe algún tipo de suceso excepcional puede haberse producido un cúmulo de circunstancias, que el gran apagón no se haya debido a una sola causa y la consecuencia es que se ha puesto de relieve la debilidad del mecanismo de respuesta de carácter técnico que obligará a revisar procedimientos y protocolos para evitar su repetición. 

A los presumibles problemas técnicos hay que añadir la utilización partidista del suceso a la que es difícil sustraerse, con interpretaciones interesadas sobre si habría sido necesario declarar una emergencia nacional, o si ha sido suficiente con que el Gobierno acudiera en ayuda de las comunidades autónomas que se lo solicitaron al Ejecutivo, y la incidencia en el perjuicio para la imagen de España, sin aludir a la rapidez -siempre subjetiva- en la recuperación de la normalidad

Porque una vez más la gente ha dado una lección de comportamiento cívico, con la demostración habitual de solidaridad en casos de urgencia, sin que se hayan producido altercados o pillajes aprovechando la falta de luz. La peor parte del apagón se la han llevado las personas que se han visto afectadas por la suspensión de sus medios de transporte. Y, por supuesto, a destacar el funcionamiento de los servicios públicos en la medida de sus posibilidades, y los de emergencia que han funcionado de manera adecuada bajo las órdenes de sus mandos políticos y profesionales y han desplegado toda su capacidad de trabajo al servicio de la ciudadanía.