Durante décadas, muchos trabajadores de diferentes sectores han cargado sacos de cemento durante toda la jornada, han conducido miles de kilómetros bajo la presión de llegar puntual o han pasado las madrugadas limpiando sin descanso. Ahora, España reconoce oficialmente que ese esfuerzo continuado deja secuelas y merece una compensación: jubilarse antes, sin perder un céntimo de pensión.
Con el nuevo Real Decreto 402/2025, aprobado el pasado mes de mayo, el Gobierno regula por primera vez en la historia un sistema de coeficientes reductores objetivos que permite a los asalariados de sectores con condiciones especialmente duras como construcción, transporte o limpieza poder retirarse a partir de los 52 años, sin que ello implique recortes en su prestación social.
El gran interrogante es su impacto económico para las arcas públicas. Aunque el Ejecutivo no ha publicado aún una estimación oficial, los expertos calculan que podría suponer centenares de millones de euros anuales, dependiendo del volumen de las solicitudes aprobadas y de la base contributiva de los trabajadores. La cifra varía en función de factores clave como la edad de jubilación, los años cotizados y, sobre todo, los coeficientes reductores aplicados.
En este sentido, el Gobierno sostiene que su coste se compensará fiscalmente mediante una sobrecotización adicional que irá a cargo tanto de las empresas como de los trabajadores del país.
Respecto a las personas y los profesionales que se pueden beneficiar, según cálculos sindicales, solo en construcción, más de un millón de empleados podrían acceder a la jubilación anticipada. Se estima que otros 250.000 transportistas también estarían en condiciones de solicitarlo. A ellos, podrían sumarse sanitarios, camareras de piso de hoteles o empleados de industrias químicas,... etc., dependiendo de los informes técnicos que justifiquen su aprobación ante la dureza de unas actividades que requieren de unas condiciones físicas para realizar sus funciones.
Para lograrlo, cada colectivo deberá demostrar, con datos de organismos como el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Inspección de Trabajo, que su profesión presenta riesgos físicos, químicos, o psicosociales continuados: altas tasas de siniestralidad, exposición a agentes nocivos, turnos nocturnos o altas cargas físicas.
El modelo español se inspira en el sistema francés de prevención, que permite a los profesionales de ocupaciones calificadas como penosas acumular puntos que se traducen en años de retiro anticipado o reducción de jornada.
Italia también contempla esquemas similares, aunque ha endurecido los criterios en los últimos años. En Alemania y Austria, los regímenes especiales están prácticamente limitados a mineros y marineros. Otros Estados, como Países Bajos o Suecia, no permiten jubilaciones anticipadas por razones profesionales, salvo incapacidad.
En este contexto, España se sitúa ahora entre los países de la UE que reconocen de forma explícita el deterioro de la salud laboral como causa legítima para adelantar la edad de retiro. A nivel comunitario, la Comisión Europea permite este tipo de excepciones, siempre que estén «técnicamente justificadas y sean financieramente sostenibles».
Salvaguardas
El nuevo reglamento incluye salvaguardas importantes: las evaluaciones serán revisadas cada 10 años, y el acceso a la jubilación anticipada estará condicionado a la exposición continuada y no puntual. Además, el trabajador que se retire por esta vía no podrá volver a trabajar en la misma ocupación.
La norma reconoce una realidad incuestionable: no todos los cuerpos humanos llegan igual al final de la carrera laboral. España, hasta ahora rezagada en este ámbito, se suma al grupo de Estados que distinguen entre vejez y desgaste como razones para jubilarse.
Los analistas valoran que el reto de esta nueva normativa es evitar que esta vía se convierta en una salida masiva de trabajadores del mercado laboral sin una suficiente justificación técnica, con el objetivo de que no afecte a la sostenibilidad de las pensiones a medio plazo.