El centro de acogida José García, en Arinaga (Gran Canaria), amaneció ayer con presencia policial y una orden judicial de cierre inmediato. En su interior, 148 menores migrantes fueron notificados de que serían trasladados a otros recursos tras la decisión del juez de Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas, como parte de una investigación bajo secreto de sumario que se amplía sobre la gestión de la asociación Quórum Social 77, responsable del lugar.
La operación, que se saldó con dos personas detenidas -una de ellas miembro del PSOE- y seis entradas y registros, se llevó a cabo a raíz de la denuncia que provocó en mayo la clausura de otro centro para 45 chicos de la misma asociación en Santa Brígida (Gran Canaria), el Fortaleza I, por malos tratos a los menores, que pueden constituir delitos de lesiones, odio y amenazas.
No obstante, fuentes cercanas a la investigación precisaron que la Consejería de Bienestar Social del Gobierno canario, de la que partió la denuncia a la Fiscalía, que puso en marcha el caso hace meses, solo ha recibido instrucciones por el momento de cerrar uno de ellos, el José García, de Arinaga, un recurso en el que viven 148 menores.
Cuando se puso en marcha esta operación en mayo, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, detalló que su departamento había puesto en manos de la Fiscalía testimonios de niños del centro Fortaleza I que relataban malos tratos e insultos racistas, así como informes médicos de los pediatras que los atendieron. Entonces, aclaró que no le constaba que los responsables de Quórum Social 77 fueran conocedores de lo que ocurría en ese local de Santa Brígida.
Sin embargo, la operación puede haber dado un giro que ahora les señala directamente. Ni la Policía Canaria ni la Consejería hicieron públicos los nombres de los arrestados, pero un medio local publicó que se trata de la presidenta de la asociación, Delia G., y su director de centros, Enrique Q.
Postura de Clavijo
Preguntado sobre este asunto en La Palma, donde acudió a una reunión en el Observatorio del Roque de los Muchachos, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, recordó que la comunidad autónoma lleva meses advirtiendo de que el número de menores a los que tutela, unos 5.500, le sobrepasa.
También subrayó que, «con tantos menores y durante tanto tiempo» es difícil que los controles sirvan. «Llevábamos mucho tiempo advirtiendo de que estas circunstancias podían ocurrir y esperemos que sea solo esto», añadió el dirigente, que no ocultó su «máxima preocupación», porque los delitos investigados son de «mucha gravedad».
Circunstancias como la investigación en curso y el cierre del centro de estos migrantes, expresó el mandatario regional, «nos tienen que hacer llevar a revisar esas fechas y a proceder con la mayor celeridad en la distribución de esos menores, porque es evidente que una comunidad autónoma, un territorio fragmentado como somos en Canarias, es muy complicado que siga manteniendo un nivel de 5.400 menores que tenemos en la actualidad, a nuestro cargo».
Clavijo apostilló que se pondrá en contacto con la ministra de Infancia, Sira Rego, para hacer seguimiento del asunto y pidió al resto de presidentes autonómicos que reflexionen sobre su postura «insolidaria», que deviene en circunstancias como lo sucedido con Quórum 77.