Francisco Javier de Irízar Ortega nos atiende en una sala de reuniones del Consejo Consultivo, con una mesa alargada y con los retratos de sus antecesores colgando en la pared. Él todavía no lo tiene, pues sigue siendo el presidente vigente. Donde sí tiene un retrato es en las Cortes regionales, pues él fue el primer presidente de la Cámara autonómica, entre 1983 y 1987. Ha sido también alcalde de Guadalajara, senador y desde 2021 preside el Consejo Consultivo. Quizá es uno de los órganos más discretos de la región, pero también de los más importantes. Es autónomo del Gobierno y de las Cortes, está blindado en el Estatuto y la ley que lo regula sólo se puede modificar con una mayoría de tres quintos. 

Habrá muchos ciudadanos que no conozcan que existe un Consejo Consultivo en Castilla-La Mancha o qué hace. Sin embargo está muy bien protegido por las leyes ¿por qué es tan importante?

Efectivamente es una institución poco conocida y es una de las cosas que estamos tratando de hacer: divulgar el Consejo Consultivo. Es importante porque es el órgano de control de la legalidad de toda la legislación que se produce en el Consejo de Gobierno. Tenemos que emitir un dictamen sobre cualquier ley, decreto, disposición legal que el Consejo de Gobierno quiere llevar a las Cortes.  El Gobierno puede aceptarlo o no, pero normalmente suele hacernos caso.

Ha sido el primer presidente de las Cortes, alcalde de Guadalajara y Senador - Foto: Javier PozoAdemás de eso cualquier reclamación del ciudadano a la Administración patrimonial tiene que llevar el informe del Consejo Consultivo. Muchas veces es, por ejemplo, por un tema sanitario, porque alguien entiende que le han atendido mal en un hospital del Sescam y quiere reclamar. Pero no solo respecto del Gobierno regional, sino también con los ayuntamientos. Uno muy corriente puede ser el de que se cae en la calle porque hay un adoquín levantado y culpa al ayuntamiento, quiere reclamar  y que le indemnice. Pues necesita un informe previo del Consejo Consultivo. 

También tenemos responsabilidades sobre los planes de urbanismo respecto a la modificación de zonas verdes. Controlamos que no puedan reducirse las zonas verdes o  dotacionales. También tenemos competencias cuando la Administración quiere resolver un contrato porque el contratista no lo ha cumplido. Si el contratista no está de acuerdo, necesita un informe del Consejo Consultivo. 

Los jueves tienen reunión en pleno de los consejeros. ¿Cómo se organizan en el trabajo día a día?

Según la ley, hay cinco consejeros. Tres se eligen por las Cortes por mayoría de tres quintos. Dos los nombra el Gobierno directamente. El Consejo siempre actúa en pleno. Todas las decisiones se toman por los cinco miembros. Generalmente, en un porcentaje próximo al cien por cien, se toman por unanimidad, pero si alguno discrepa de la mayoría, puede votar en contra y formular un voto particular. 

Entre los cinco se reparten los asuntos, las ponencias, pero las decisiones son siempre en el pleno. Luego estamos auxiliados de un grupo de letrados de un gran nivel, muy preparados. Todas las decisiones son sobre derecho, no podemos entrar en valoraciones políticas, de si nos parece oportuno o no. Podemos decir: 'esto va contra la Constitución y entendemos que no lo puedes hacer o esto vulnera tal ley del Estado o de la Junta'.

El Consultivo de Castilla-La Mancha quizá no sea un órgano muy conocido, pero si estuvierais en Cataluña, menudo foco tendríais encima...

(Risas) Por supuesto. En Cataluña hay además dos órganos. Uno que es propiamente lo que hace aquí el Consejo Consultivo y otro que se llama Consejo de Garantías Estatutarias, que es como una especie de Tribunal Constitucional, pero referido al Estatuto de Cataluña. 

¿Qué advertencias tenéis que hacer más habitualmente sobre las leyes que os manda el Gobierno?

Normalmente entramos en las competencias. Podemos advertir de que alguna cosa puede invadir competencias estatales o puede ir o no en consonancia con la propia legislación autonómica, con el Estatuto. Solemos estudiar todo ese tipo de cosas. 

Cuando mandáis el dictamen al Gobierno ¿os suelen hacer caso?

Generalmente sí. También puedo decir que normalmente las cosas vienen bien, que no hay que hacer habitualmente grandes  advertencias. Muchas veces son de estilo, de redacción, de que falta una coma, que también entramos un poco en eso. Generalmente no hay que hacer grandes advertencias, pero cuando se ha hecho alguna, normalmente suelen hacer caso. 

¿Os cuesta cumplir los plazos?

Tenemos un plazo de un mes, pero incluso hay un procedimiento de urgencia que el Gobierno puede instar a la urgencia de quince días. Generalmente se cumplen los plazos, salvo que tengamos que pedir informes.  El Consejo Consultivo tiene la capacidad de poder pedir informes a cualquier autoridad u organismo si entendemos que la argumentación que se nos envía no es suficiente. Por ejemplo, en Sanidad alguna vez queremos oír a un médico especialista en la materia que nos explique y eso alarga los plazos.

La última ley que el Gobierno ha enviado a las Cortes es la de Integridad Pública. Dicen que es la normativa más restrictiva de España en tema de incompatibilidades. ¿Habéis tenido esa percepción al analizarla?

Es una ley que no ha tenido ningún problema en cuanto al Consejo. Siempre que legislen dentro de sus capacidades, las comunidades autónomas no tienen por qué hacerlo igual. Nosotros lo que podemos decir es si están legislando contra el Estatuto, contra la Constitución, contra una ley estatal, pero no podemos entrar en si es la ley más restrictiva o menos. La ley se ha visto aquí, se ha discutido y no se le han puesto pegas.

La última ley que han aprobado las Cortes es la de Medidas Administrativas, con la que se han modificado varias normativas a la vez. Además ha habido luego muchas modificaciones que han presentado los partidos ya en el plazo de enmiendas...

Eso es algo que ya no pasa por aquí.

¿Pero cómo valoráis este procedimiento, que se suele repetir todos los años, con estas leyes de acompañamiento a los presupuestos?

Una vez que dictaminamos la ley, ya no somos responsables del camino que siga después. Las Cortes son soberanas, representan al pueblo. De hecho, se producen enmiendas en la mayoría de las leyes. 

En este caso es que aparte se han introducido modificaciones nuevas, no solo sobre lo que ya había. No sé si aunque sea por curiosidad habéis cotilleado qué se estaba metiendo…

Por supuesto que cada uno tiene su opinión. Pero yo esas opiniones no debo darlas.

En términos generales, ¿cree que lo ideal es que todo pasara por el Consultivo o ve bien que haya este tipo de fórmulas para ganar agilidad o cambios pequeños? 

Eso es algo que existe en paralelo con la legislación estatal. El Consejo de Estado tampoco controla las normas una vez pasadas por las Cortes. Nosotros controlamos la labor de la Administración, no la labor del Parlamento, que es soberano porque representa directamente al pueblo de Castilla-La Mancha. Nosotros controlamos la labor legislativa del poder ejecutivo, no del poder legislativo. El poder legislativo representa al pueblo y no entramos en eso.

Los grupos parlamentarios representan al pueblo, pero es difícil que el partido que apoya al Gobierno presente una enmienda si antes no lo ha consultado con el Ejecutivo. Es más, en este caso, fue el propio Gobierno quien las anunció.

Yo ahí no puedo entrar porque no debo entrar. Mi labor es la que es y a partir de ahí, como ya no es mi labor, puedo tener una opinión personal, pero que no debo en ningún caso entrar en ella.

Otra cuestión que se está negociando entre los grupos parlamentarios es la reforma del Estatuto. Entiendo que, por lo tanto, no tendría que pasar por el Consultivo.  

El Consultivo puede ser consultado cuando es obligatorio y también cuando, sin ser obligatorio, se piensa que se debe consultar. En cualquier caso, vamos a ver la tramitación del Estatuto y si tenemos que intervenir o no, según proceda.

Entonces todavía no les han hecho ninguna consulta oficial sobre el Estatuto.

De momento conozco lo que dicen en la prensa.

Uno de los cambios que se quiere introducir con el Estatuto buscaría dar más margen de maniobra al Gobierno regional para que pueda hacer decretos como ya se hace a nivel estatal. ¿Cómo lo valora?

Lo único que puedo decir es que en la mayoría de las comunidades existe la posibilidad de legislar por decreto. Lo que pasa que eso luego hay que administrarlo con prudencia, cuando sea verdaderamente urgente y necesario. 

Hace dos legislaturas se creo una comisión en las Cortes para recabar propuestas para modificar la Ley del Consejo Consultivo y Buen Gobierno, pero luego nada se hizo.  ¿Ve necesaria la reforma de esa ley?

Yo creo que está correctamente regulado. Nosotros nos regimos por un reglamento de funcionamiento en el que se podría hacer alguna modificación o no, pero yo creo que está regulado de manera suficientemente clara y bien. 

Todas estas cuestiones de reclamaciones patrimoniales del ciudadano contra administraciones ¿les supone una sobrecarga que os dificulta dedicaros a otras funciones? 

Es un volumen importante en número, pero yo creo que el Consejo tiene medios suficientes para atender el trabajo que le llega. Estamos hablando de unos cuatrocientos dictámenes al año.

Fue el primer presidente de las Cortes, en unos tiempos en los que los diputados no cobraban sueldo.  ¿Qué cosas han cambiado?

No teníamos ni edificio, ni presupuesto. Hubo que hacerlo todo. Pero fue una tarea muy apasionante muy bonita. El actual edificio de las Cortes tuve el honor de inaugurarlo cuando quedaba todavía un año de legislatura. Dejamos una infraestructura que luego ha crecido. No había competencias sobre las que legislar. Sacamos las leyes sobre la capitalidad, el escudo, en definitiva la institucionalización de Castilla-La Mancha. Era un trabajo muy bonito porque era poner en marcha la región y estoy muy satisfecho de esa época.

Pensando en el Javier de entonces, ¿qué es lo que más le sorprendería  de cómo se ha desarrollado después Castilla-La Mancha?

La verdad es que nos tiramos a una piscina sin saber exactamente el agua que había. Las competencias hubo que irlas peleando. No sabíamos muy bien dónde iba a llegar, no Castilla-La Mancha, sino el estado autonómico, ni hasta qué punto las autonomías iban a tener las competencias que tienen. 

Yo creo que ha sido positivo para el país y sobre todo para regiones como esta, que eran regiones atrasadas, poco atendidas. Gracias a la comunidad autónoma y a los gobiernos que ha habido en Castilla-La Mancha durante estos años, hoy tenemos poco que envidiar a otras comunidades autónomas y además no debemos dejar que asuman competencias en detrimento nuestro como ahora pretende Cataluña con la financiación autonómica. Ahí se ha luchado bien y se seguirá haciendo. 

El debate sobre el sistema autonómico siempre ha estado presente.  ¿Qué opinión tiene de cómo ha evolucionado? ¿En qué ha funcionado bien y qué habría que repensar?

En general ha sido positivo para España y para las comunidades autónomas, especialmente para algunas como Castilla-La mancha, que partían de más abajo. ¿Qué hay que ver? Hay que vigilar que no se rompa por parte de algunas comunidades que se consideran con más derechos y que quieren crecer a base de desigualdad con las demás comunidades. Hay que defender que aquí nadie es más que nadie. 

De lo que puede seguir de los plenos de las Cortes de ahora ¿qué le parece el nivel del debate?

Si nos referimos a las Cortes de Castilla-La Mancha, el debate parlamentario es correcto. Con el debate a nivel estatal no tengo esa opinión. Es muy difícil tener una opinión positiva de lo que se está haciendo. En Castilla-La Mancha se han mantenido las formas, se está trabajando. Por supuesto que hay discrepancias, faltaría más, pero no el insulto permanente. Aquí las Cortes están funcionando como deben funcionar. 

Ha tenido una importante trayectoria en el PSOE. ¿Eso le pone más presión a la hora de cumplir con la actuación imparcial que se le exige como presidente del Consultivo?

No. Mantengo la militancia en el partido, pero no participo en el partido. La ley prohíbe tener cargos institucionales en los partidos. Yo no podría ser secretario local o estar en la ejecutiva de Guadalajara. Pero yo me he elevado esa prohibición un poco más. No participo en campañas electorales, en asambleas del partido, en congresos. Mantengo la militancia, pero no tengo ninguna sola actividad  de partido. 

Aquí de lo que se trata es de dar opiniones de derecho y es bastante fácil abstraerse. Otra cuestión sería si tuviésemos que opinar, que por supuesto tengo mi opinión, sobre cuestiones puramente política. Pero eso aquí no se puede hacer y no es difícil mantener la independencia o imparcialidad.

Eso hace que aunque haya consejeros propuestos por un partido o por otro, haya bastante unanimidad, pues son cuestiones jurídicas...

Si aquí hay alguna discusión, que la hay, es puramente jurídica. Jamás aquí ha habido una discusión desde el punto de vista ideológico. No se producen y si se produjeran, mi obligación sería cortarla. Hay  discrepancias jurídicas, por supuesto, porque el derecho se interpreta. No son dos y dos cuatro. 

Toledo le debe al Consejo Consultivo tener este edificio, antigua ceca de los Reyes Católicos, rehabilitado.

Sí, estamos editando un libro con la historia de este edificio.

¿Les van a trasladar al nuevo edificio de las Cortes?

Este es un órgano autónomo y nosotros no dependemos de las Cortes. Otra cosa es que el edificio es del Gobierno. Los planes del Gobierno no los sé. Nosotros de momento estamos aquí. 

Hace un año el primer presidente del Consejo Consultivo, José Sanroma, desveló que solo ha habido un dictamen que no se ha permitido publicar. ¿Es una leyenda urbana? ¿Sabe de qué dictamen se trata y por qué no se publicó?

No sé por qué no se publicó. No es una leyenda urbana. Fue un tema conflictivo que tampoco voy a desvelar.