Desde hace unos meses, Europa parece levantar un nuevo muro, pero no de piedra ni de hormigón, sino de leyes, decretos y fronteras endurecidas. Desde París hasta Helsinki, el derecho al asilo y a la reagrupación familiar se estrecha como un pasillo para aquellos que huyen del hambre o la guerra. En paralelo al auge de las fuerzas de extrema derecha y al cambio de la percepción ciudadana sobre la inmigración, estos trámites son cada vez más difíciles de conseguir en muchos países del Viejo Continente, que además están generalizando los controles fronterizos.

El debate migratorio lleva tiempo muy polarizado en Europa, auspiciado por el avance y consolidación de la ultraderecha en algunas naciones, el desencanto público y la instrumentalización política en casos concretos, como se ha podido observar en Italia o Alemania.

Además, el aumento de la migración descontrolada, particularmente en las fronteras orientales de la Unión Europea -un alza del 148 por ciento en los seis primeros meses de 2024 en esa ruta-, también ha generado tensión y una narrativa de crisis que alimenta las propuestas rígidas de varios Gobiernos.

El endurecimiento de los requisitos para la reagrupación familiar y la solicitud de asilo se extiende del sur al norte de Europa. En el caso de Italia, ha sido polémica la apertura en territorio de Albania de dos centros para retener a los inmigrantes que no tengan derecho al asilo hasta que se proceda a su expulsión, una medida que el Tribunal de Justicia de la UE frenó hace unos días al obligar a los jueces del país transalpino a supervisarlas.

En Francia, desde que en enero de 2024 se aprobó la enésima reforma de la ley de inmigración, se puede solicitar la reagrupación familiar tras 18 meses de residencia legal (antes eran 12). Además, se exige demostrar un nivel de francés para «comunicarse de manera básica».

Alemania también aprobó recientemente una norma que suspende durante dos años el derecho a la reagrupación familiar para los migrantes que no tienen el estatus de refugiado ni afrontan riesgo de persecución política o de sufrir violaciones graves de derechos fundamentales en caso de regresar a sus naciones de origen.

Pese a no formar parte de la UE, todas las empresas en el Reino Unido están ahora obligadas a controlar que las personas que contratan tienen los documentos legales para trabajar el país.

Soluciones drásticas

Estas políticas más restrictivas también se expanden por el norte del Viejo Continente. Dinamarca, que ejerce este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, fue pionera en proponer soluciones drásticas, como concentrar en una isla a los indocumentados o crear centros de deportación para demandantes de asilo en terceros países como Ruanda, que fueron finalmente descartadas.

El Gobierno finés, del que forma parte el partido de ultraderecha Verdaderos Finlandeses, promueve enmiendas legislativas para restringir el derecho al asilo y la reunificación familiar; y el Ejecutivo sueco ha abandonado su tradicional postura abierta a los refugiados para centrarse en la inmigración de profesionales cualificados.

Aunque el ultraderechista FPÖ no gobierne en Austria tras ganar las elecciones de 2024 con un programa lleno de propuestas contra la migración, el Ejecutivo tripartito ha suspendido durante seis meses las solicitudes de reagrupación familiar, con el argumento de una sobrecarga de los servicios públicos, sobre todo de las escuelas.

Vigilancia en los límites

Por otra parte, están los controles en las fronteras, una cuestión que buena parte de Europa pretende reforzar ante el incremento de llegadas. Desde 2015, cuando pasaron por Grecia alrededor de un millón de inmigrantes y refugiados, se ha intensificado la vigilancia de las rutas marítimas y terrestres con Turquía, entre acusaciones de organizaciones internacionales y medios sobre que Atenas realiza «devoluciones en caliente» hacia Estambul.

También existen en Francia denuncias de esta práctica en la frontera, especialmente con España, al tiempo que París ha ido prorrogando los controles en los límites con sus vecinos del espacio Schengen por la persistencia de amenazas a la seguridad y la presión migratoria.

Cómo frenar el tránsito de pateras que cruzan casi diariamente el canal de la Mancha desde Francia al Reino Unido fue uno de los ejes de la última visita de Estado del presidente galo, Emmanuel Macron, a Londres. De esa cita salió un nuevo acuerdo de repatriación recíproco, por el que el país británico devolverá a París a quienes crucen en embarcaciones el mar a cambio de recibir en su territorio a demandantes de asilo procedentes de Francia.

Según la ONU, 2024 fue el año más mortífero en esa ruta, con al menos 86 muertes registradas, y hasta el 6 de julio de 2025 más de 21.000 personas realizaron la peligrosa travesía, con un saldo de 14 fallecidos.

En este contexto, Italia controla principalmente su frontera noroeste con Eslovenia, meta de la ruta migratoria de los Balcanes, mientras que Alemania también está aplicando controles temporales que han causado incomodidad en sus vecinos, al igual que hace Austria desde hace años con Hungría, Eslovenia, República Checa y Eslovaquia.

En cuanto a Polonia, el Gobierno reintrodujo el pasado 7 de julio, inicialmente por 30 días, controles en las fronteras con Alemania y Lituania, y mediante una valla de metal que se extiende a lo largo de 186 kilómetros y presencia militar las 24 horas del día pretende evitar la entrada desde Bielorrusia de extranjeros procedentes de Oriente Próximo.