La futura ley de amnistía pactada por el PSOE y el independentismo incluirá a todos los encausados en el procés por la vía penal, civil, contable y administrativa. Una amplia horquilla que implica que la norma librará del juicio oral a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista que, según el juez, planearon ocupar el Parlament de Cataluña y que participaron en los cortes de carreteras o levantamientos de barreras de peaje.
El perdón abarcaría, además, a los investigados por los disturbios presuntamente organizados por Tsunami Democràtic tras las condenas por el procés en el otoño de 2019, y que fueron desde el intento de asalto del aeropuerto de El Prat, al corte de la frontera de la Jonquera o las reiteradas protestas con barricadas frente a la Jefatura de la Policía en Vía Layetana.
La futura ley para dar carpetazo judicial al procés irá también en otra dirección porque servirá para que se vean beneficiados los policías procesados por delitos de lesiones durante las cargas en el referéndum ilegal del 1-O, aunque dejará fuera aquellos casos que debido a la presunta desproporción en el uso de la fuerza están procesados por torturas y delitos contra la integridad mora.
El magistrado abrió esta causa en 2019 por delitos de terrorismo para esclarecer el rol que habría tenido la plataforma en los disturbios que siguieron a las condenas a los líderes separatistas. En este sentido, cabe destacar que en mayo el juez levantó el secreto de las actuaciones sin que aún se sepa exactamente quiénes están imputados.
La Guardia Civil situó a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en la gestión en la sombra de Tsunami en un informe incorporado a la causa. El Instituto Armado coloca a Rovira y otros miembros de su partido en la organización de lo que aparentaba ser un movimiento ciudadano de carácter espontáneo.
Sin embargo, la existencia de un aforado entre los investigados, la derogación este año del delito de sedición y las dudas sobre si los hechos serían constitutivos de un delito de terrorismo han dejado en el aire que la causa pueda continuar en la propia Audiencia Nacional, ya que se plantea la posibilidad de que deba ser remitida para su instrucción a los Juzgados de Barcelona.
El pasado octubre, el juez García Castellón aceptó la personación de Vox y de la asociación Dignidad y Justicia en el caso a cambio de la «previa prestación de una fianza de 200 euros para responder de las resultas del juicio».
Una de las cuestiones sobre las que se puso la lupa en su momento fue que Tsunami Democràtic utilizó una aplicación móvil para sus acciones de protestas. Fue en agosto de 2021 cuando el juez sumó a esta causa secreta parte de Voloh, otro caso donde se investiga el presunto desvío de fondos públicos para financiar el proceso independentista.