El pasado lunes, 1 de abril, Guadalajara estrenaba de manera oficial su Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una superficie de 718.000 metros cuadrados coincidente con la almendra del centro histórico de la ciudad que, a partir de ahora, se regirá por unas normas especiales de movilidad en lo que al tráfico rodado se refiere. El Ayuntamiento capitalino da así cumplimento a la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático Transición Energética, que obliga a todos los municipios de más de 50.000 habitantes a tener una ZBE. Aunque no será hasta el 1 de enero de 2025 cuando se aplicarán las sanciones que conllevan el incumplimiento de la ordenanza reguladora de este espacio – fijadas en 200 euros con posibilidad de incrementarse un 30 por ciento en caso de reincidencia–, su entrada en vigor está generando cuanto menos incertidumbre y confusión entre la ciudadanía.
Así lo pone de manifiesto Antonio Victoria, secretario de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, quien considera que existe «falta de información» al respecto. «Nos hubiese gustado la convocatoria de un par de sesiones en algún espacio municipal del centro por parte del Ayuntamiento para informar bien a los vecinos y que pudiesen resolver sus dudas, porque la mayoría no tienen las cosas claras y están preocupados», sostiene Victoria.
Desde la Asociación de Hostelería del Centro de Guadalajara (Hoscegu), su presidente, Javier Rodríguez, traslada el «temor» que se ha despertado entre los comerciantes y los hosteleros afectados. «Sabemos que los que trabajamos en la zona vamos a poder seguir haciéndolo sin problema, vamos a tener facilidades para circular y aparcar y no vemos mucha diferencia en ese aspecto, pero nuestra preocupación es de cara a los clientes. Estamos luchando día a día por atraer gente al centro, por conseguir un centro mejor y no sabemos si esto puede producir rechazo entre la ciudadanía y que opte por irse a comprar o a disfrutar de su tiempo de ocio a otras zonas de la ciudad», declara. Asimismo, Rodríguez asegura que la ZBE se ha convertido en un tema de conversación «recurrente» sobre el que «existen muchas dudas» tanto por parte de los compañeros del sector como de los consumidores.
«Oportunidad»
En opinión del concejal del grupo municipal socialista, Juan Flores, este sentimiento generalizado de preocupación deriva de «la gran falta de información que ha habido y sigue habiendo» debido a la «precipitación» que ha existido en el proceso de implantación de la ZBE por parte del equipo de Gobierno de PP y Vox. «La gente tiene muchas dudas, la web todavía no funciona, todos los días nos llegan ciudadanos al despacho preguntando, es un tema que preocupa y que debería haberse abierto a la participación ciudadana». En todo caso, Flores considera que esta iniciativa, que fue inicialmente gestionada en el mandato de Alberto Rojo, se trata de «una oportunidad para cambiar la movilidad de nuestra ciudad» siempre y cuando llegue acompañada de otras mejoras (mejoras en el transporte público, más aparca bicis, nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos, etc.) «y no sea solo prohibir».
La concejal de Aike, Susana Martínez, se muestra mucho más crítica con la nueva ZBE tanto en la forma como en el fondo. Por un lado, la edil considera que para poner en marcha un proyecto de estas características «se necesitan procesos de participación, de diálogo y de consenso con la ciudadanía» y, en este caso, «no han existido». «Y eso se está notando estos días, la gente no tiene nada claro, hay mucha confusión, desconocimiento e incluso animadversión», añade. Por otro lado, Martínez pone en tela de juicio que el área elegida para implantar la ZBE sea la adecuada. «Es un ámbito de extensión ridículo, que afecta a menos de 8.000 vecinos y que no tiene un notable tránsito de vehículos», recuerda.
Así las cosas, la edil del grupo municipalista cree que la implantación de una zona de bajas emisiones debería haber sido «una oportunidad para replantear la movilidad de la ciudad» con una visión mucho más amplia en cuestiones como el fomento del espacio para el peatón, la reducción de la contaminación acústica o la disminución de los gases contaminantes.
Además, Martínez recuerda que el texto de la ordenanza que regula este espacio «es el genérico que tiene la Federación Española de Municipios y Provincias y sólo se han añadido los datos específicos de Guadalajara, pero no se ha trabajado lo suficiente ni hay un planteamiento de fondo». Por ello, la concejal lamenta que no se aprobaran ninguna de las alegaciones que su grupo presentó a dicha ordenanza ni tampoco otras que había planteado la Dirección General de Tráfico (DGT).
De su lado, el concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil, reconoce y es consciente de la desconfianza que la entrada en vigor de la ZBE está creando entre la población. «Cualquier cambio en las costumbres es recibido con inquietud porque es algo nuevo y preocupa, sobre todo, cuando se oye la palabra sanción». Sin embargo, el edil del PP lanza un mensaje de «tranquilidad» a los guadalajareños recordando que todavía quedan por delante ocho meses de moratoria en las sanciones para habituarse a las modificaciones de circulación establecidas en este área y que, además, el Ayuntamiento va a intensificar las campañas y los cauces informativos para resolver todas las dudas que existan o les vayan surgiendo a los ciudadanos.
Otra prueba que denota el interés que la ZBE ha despertado entre los guadalajareños se observa en las oficinas de Correos, donde estos días se registra un incremento notable de las peticiones de distintivos ambientales de la DGT para los vehículos. En este sentido, hay que recordar que sólo podrán acceder para estacionar en la ZBE los vehículos que dispongan de las etiquetas B, C, ECO y Zero con las excepciones que contempla la ordenanza para los empadronados, comerciantes y trabajadores de la zona, entre otros.