Escribió George Bernanos que "el primer signo de la corrupción en una sociedad que todavía está viva es que el fin justifica los medios". La corrupción sigue siendo un elemento central en nuestra sociedad y no hay indicativos de que, de verdad, se quiera aislarla y eliminarla o, al menos, poner todas las dificultades posibles a los corruptos y castigarlos duramente. La corrupción está en la política y en la economía, pero también en otros muchos ámbitos.
Pero hay un hecho diferencial entre unos casos y otros: cómo se divulgan o cómo se esconden estas noticias. Los millones que pagó el Barcelona al vicepresidente del Comité de Árbitros no merecieron ningún espacio en la portada de los diarios deportivos catalanes, aunque la respuesta de Laporta -no a los hechos sino a una petición de dimisión si no los aclaraba- ocuparon la portada de esos mismos periódicos. Luego hemos sabido que el Barça ha regado a esos mismos medios con dos millones de euros durante la etapa del anterior presidente. También a otros. En total, más de siete millones que, posiblemente, habrán seguido con Laporta de presidente. Esperemos que actúe la justicia y que un club como el Real Madrid -el único de los de Primera División- no guarde un silencio atronador sobre este asunto.
Mientras algunos medios siguen poniendo en la diana de la corrupción al Rey emérito -sin que haya sanción legal alguna- y al Partido Popular -en algunos casos con toda, absoluta razón y en otros sin ella-, y silencian todo lo que pueden los de los ERE -con Chaves y Griñán de rositas- los casos que vamos conociendo pasan casi de puntillas. El Gobierno ha rebajado la malversación, lo que va a tener efectos legales importantes no solo para los independentistas que desviaron fondos públicos para su campaña de secesión, sino en el futuro. Es una manera de legalizar la corrupción pública. Salvo que Europa ponga freno.
En estos momentos hay abierta una investigación en la Comunidad Valenciana que afecta a una trama de financiación ilegal, que, de alguna manera, toca al presidente Ximo Puig. En Canarias, el caso "Mediador", de momento ha llevado a la cárcel a un diputado socialista y a un general de la Guardia Civil. La expresidenta del Parlamento catalán, Laura Borrás, está siendo juzgada por trocear contratos para eludir la fiscalización. Lo mismo que, al parecer, ha sucedido en Televisión Española que en solo un año realizó 624 adjudicaciones directas por 4,5 millones de euros en total. Una funcionaria de UGT fue denunciada hace unos meses por falsificar 178 cheques para cobrar dos millones de euros y ahora se ha sabido que hubo también gastos fraudulentos por valor de otros 162.000 euros, lo que pone de relieve la falta de control del sindicato. Y eso sin hablar de quienes sabiendo que los trenes contratados para Asturias y Cantabria no cabían por los túneles, lo ocultaron durante casi dos años. La chapuza es grave, la ocultación, aún más. Hay también casos que afectan al PNV, a Podemos, hay "riegos" con dinero público que huelen mal o que no están suficientemente justificados.
Nos queda mucho por hacer en la transparencia de las instituciones y las empresas públicas y privadas para luchar contra la corrupción y seguimos estando demasiado atrás en los índices internacionales. "En muchas empresas, decía el gran Perich, el silencio no es oro, el silencio es un sobre". Los sobres siguen circulando. La corrupción fue la excusa de Sánchez para echar a Rajoy. Y funcionó. Pero quien no pelea de verdad contra la corrupción, sea del color que sea, acaba siempre formando parte de ella.