Pegasus, caso abierto

SPC-Agencias
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El magistrado que dirige las investigaciones por el espionaje telefónico a miembros del Gobierno vuelve a pedir ayuda a Israel, un año después de que se descubriese la intromisión ilegal

Pegasus, caso abierto

El caballo alado que simboliza a Pegasus sigue galopando y sus incógnitas continúan abiertas. El juez de la Audiencia Nacional que investiga el espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, con el programa de malware Pegasus a través de sus teléfonos móviles ha vuelto a pedir a Israel que colabore con la investigación y le autorice para desplazarse al país con el propósito de recabar datos sobre cómo se produjo la intrusión de ese software maligno en los terminales del Ejecutivo español.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, ha acordado prorrogar la instrucción al tiempo que ha vuelto a dirigirse a las autoridades israelíes para que den respuesta a su comisión rogatoria cuando se cumple un año del inicio de las investigaciones. Cabe recordar que el magistrado solicitó el pasado año a Israel permiso para que una comisión judicial encabezada por él se desplazase a la nación hebrea con el fin de tomar declaración como testigo al CEO de la empresa que comercializa Pegasus. Calama ya dirigió una primera comisión rogatoria a las autoridades israelíes para que la compañía informara sobre distintos extremos de esta herramienta informática.

Desde entonces, el juez ha podido interrogar a la exdirectora del CNI, Paz Esteban, a los ministros Robles y Marlaska y también a su compañero de gabinete, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Sin embargo, el juez todavía aguarda respuesta por parte de Israel.

Calama empezó a investigar en abril del pasado año apuntando a posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos, tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado por la infección de los móviles del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, una acusación que fue ampliada posteriormente tras confirmarse también la intrusión en el teléfono del titular de Interior.

En esa primera resolución, el instructor aportó detalles sobre la denuncia inicial presentada por la Abogacía del Estado, según la cual, tras el análisis de los dispositivos móviles del jefe del Ejecutivo y de la titular de Defensa realizados por el CERT (equipo de respuesta ante emergencias informáticas) el 30 de abril, «se ha tenido conocimiento de que los mismos fueron objeto de varias infecciones por la herramienta Pegasus, software espía de dispositivos móviles, entre los meses de mayo y junio de 2021».

Los informes del Centro Criptológico Nacional sobre los móviles de Sánchez y Robles ponían de relieve que «el dispositivo móvil del presidente del Gobierno analizado fue infectado por Pegasus en dos ocasiones (el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021)», mientras que el de Robles habría sido infectado en junio de ese año. En esos casos, recogía Calama, los informes fijaban que «se produjo filtración de información», pero actualmente ninguno de los dos teléfonos presenta «indicadores conocidos de infección en curso de Pegasus».

En crisis con Marruecos

La primera de las intrusiones en el móvil de Pedro Sánchez se habría producido en el contexto de la entrada masiva de unos 10.000 inmigrantes en Ceuta entre el 17 y 18 de mayo de 2021 que precisamente llevó al líder del Ejecutivo a visitar la ciudad autónoma, así como Melilla, con el ministro de Interior.

Además, el 18 de mayo fue cuando Marruecos llamó a consultas a su embajadora en Madrid, Karima Benyaicha, por la concentración que se había convocado en Exteriores para protestar por lo sucedido en Ceuta. El mismo día 19, Sánchez estaba en una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

La segunda tuvo lugar cuando el presidente del Gobierno se encontró con el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, en Alcalá de Henares con motivo de la XIII Cumbre Hispano-Polaca. Ese día, Marruecos publicó un comunicado en el que indicó que la crisis diplomática estaba motivada por la postura del Gobierno respecto al Sáhara, no por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

Precisamente, este último declaró el 1 de junio de 2021 como imputado ante el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional por la querella presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos por genocidio y horas más tarde voló de regreso a Argelia.

En cuanto al terminal del ministro de Interior, el Gobierno informó después de que Grande-Marlaska sufriera dos ataques en junio de 2021. En el primero le fueron sustraídos cuatro megas y en el segundo un volumen mucho más importante de información, 6,3 gigas.

El análisis de los terminales de otros miembros del Gobierno también pudo determinar un intento de infección del teléfono del titular Agricultura, Luis Planas, que resultó fallido, y se produjo igualmente en junio de 2021.