Son muy pocas las ocasiones en las que podemos presumir de unidad. De defender juntos un interés común, superior, que nos interpela a todos como sociedad. Y no tiene sentido que la política o la cercanía de las elecciones contaminen actos como el de este 8 de marzo. Una de esas ocasiones, o interés superior, se dio en la lucha contra el terrorismo. El de ETA primero, y el yihadista después.
Este miércoles muchos lamentamos cómo un acontecimiento que debía servir para conjurar a toda la sociedad de nuevo en favor de un interés común, y mayor frente a cualquier individualismo, se vio empañado por el interés electoral y de partidos. A nivel nacional, con una división en el seno del propio Gobierno que evidencia las cada vez mayores distancias entre los socios, que puede que lleguen juntos al final de la legislatura sí, pero muy distanciados ideológicamente y, seguramente, malheridos a la hora de afrontar, si es que los números les dan, una reedición de la coalición de gobierno a partir de 2024.
También en Castilla-La Mancha somos varios los que hemos lamentado la ausencia del PP, principal partido de la oposición, en los actos institucionales del Día Internacional de la Mujer en el que se reconocía a mujeres destacadas de la Comunidad, por su valía, esfuerzo y logros, y no por su pertenencia a uno u otro partido político. El presidente de este partido en la región argumentó que no acudían porque eso suponía blanquear y ser cómplices del gobierno de la nación en la aprobación de la ley del 'solo sí es sí', que ha permitido ya la revisión de más de 700 condenas de agresores sexuales y la excarcelación de 75 de ellos. Sí, lamentable indicador, pero que no justifica la pérdida de la unidad por el bien mayor que es la lucha por la igualdad, y demostrarla en un acto institucional.
Por suerte, las Cortes regionales permitieron ayer volver a la unanimidad que no se dio en las calles ni en los actos del 8 de marzo. El consenso se dio en torno a la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia de Castilla-La Mancha, que fue aprobada con el respaldo de todos los grupos parlamentarios y confeccionada con el diálogo y acuerdo de más de una veintena de colectivos y organizaciones del Tercer Sector dedicadas al cuidado de los menores.
La ley incide en la protección y pleno desarrollo de la infancia. También en la prevención y apoyo a las familias acogedoras. Establece planes de apoyo a la autonomía para el difícil tránsito que supone cumplir la mayoría de edad y pasar a una vida adulta independiente. Eleva sus derechos a categoría suprema y les concede mayor participación, para que tengan voz y sean escuchados en aquellos asuntos que les afectan más directamente. Promueve y garantiza sus derechos. Establece la perspectiva de género y atiende a las preocupaciones más actuales como el acoso, el ciberacoso o la violencia contra los menores. Una ley que, en definitiva, mejora e impulsa la protección y prevención de la infancia y la adolescencia, que serán la sociedad del mañana.
Lástima que cada vez queden menos espacios en los que la unidad presida el interés general y superior frente al individuo.