La inmigración en el Mediterráneo se ha convertido en asunto urgente en la agenda europea. Tanto es así que Francia anunció ayer que ayudará a Italia a controlar sus fronteras para impedir la avalancha de ilegales procedentes de África, aunque al mismo tiempo dejó claro que no acogerá a una parte de los indocumentados llegados en avalancha en los últimos días a la isla de Lampedusa, a pesar del llamamiento de Roma a la solidaridad europea.
Así lo aseguró el ministro francés de Interior, Gérald Darmanin, tras viajar a la capital transalpina para reunirse con su homólogo italiano, con dos asuntos fundamentales sobre la mesa: colaborar con el Gobierno italiano en la vigilancia de su frontera para impedir las llegadas de inmigrantes y expulsar rápidamente a los sin papeles.
Darmanin reiteró que Francia va a «ayudar a Italia en ese control para impedir que la gente llegue», por una parte, y a los que entran de forma clandestina mantenerlos en la frontera mientras se examina su caso, para determinar si tienen derecho al asilo. Cuando no es así, añadió, el objetivo es «expulsarlos rápidamente a sus países».
Respecto a admitirlos en otros países también fue claro. «Sólo los acogeremos si respetan las reglas si están perseguidos. Pero si simplemente es una inmigración irregular, Francia no los puede acoger», indicó sobre los miles llegados el pasado fin de semana a Lampedusa.
Las cifras hablan por sí solas: esta isla tiene una población de 7.000 habitantes y en los tres últimos días arribaron a sus costas 10.000 subsaharianos. «Y muchos de ellos no sufren persecución política, y por tanto deben ser expulsados», afirmó. «Tenemos que devolver a sus países a los que no tienen nada qué hacer en Europa», subrayó.
La política migratoria es ahora una de las grandes prioridades de Italia. De hecho, el Ejecutivo de Giorgia Meloni, dio ayer luz verde a la creación de nuevos centros de acogida de migrantes y aprobó elevar el límite de internamiento de los solicitantes de asilo con el objetivo de atajar la actual situación.
Límite de 18 meses
«Años de políticas de inmigración han hecho que hoy, en Italia, haya muy pocas plazas disponibles en los centros. Los nuevos que se construirán tendrán que estar en lugares con muy baja densidad de población, perimetrados y vigilados», explicó la primera ministra, agregando que estas instalaciones estarán lejos de las ciudades.
Asimismo, el límite de internamiento para los solicitantes de asilo se fijó en los 18 meses, el máximo permitido por la normativa europea. Meloni explicó que el cambio aprobado por el Consejo de Ministros no sólo se produce «para realizar los controles necesarios, sino también para proceder a la repatriación de quienes no tienen derecho a protección internacional».