La Comisión de la Unión Europea presentó la pasada semana el esperado paquete de medidas encaminado a lograr una mayor simplificación en la aplicación de la Política Agraria Común para facilitar a los agricultores y ganaderos el cumplimiento de sus obligaciones sin menoscabar la ejecución de las mismas. Este conjunto de actuaciones, se estima en círculos comunitarios, supondrá un ahorro en sus gestiones para los agricultores de hasta 1.580 millones de euros y de otros 210 millones para las administraciones nacionales. Las medidas son una continuación de señaladas en la hoja de ruta 'Visión para la agricultura y la alimentación' que se presentó el pasado mes de febrero por la que se contemplaban una serie de retos prioritarios. En esta línea se plantea lograr un sector atractivo de cara a la incorporación de los agricultores y ganaderos, para lo cual se estima fundamental tener una actividad rentable, con ingresos justos y apoyos públicos bien orientados.
Para lograr ese objetivo, Bruselas defiende la revisión de la directiva sobre prácticas comerciales desleales y la estrategia sobre el relevo generacional. Se defiende el funcionamiento de un sector bien organizado con capacidad e instrumentos para competir en condiciones de igualdad en los mercados exteriores. Se apoya el desarrollo de una profesión en la que sea posible compatibilizar la normativa sobre medio ambiente y seguridad alimentaria con una actividad rentable, todo ello en unas condiciones de vida y de trabajo justas, con el sostenimiento de las zonas rurales.
La propuesta legislativa para el desarrollo de las medidas de simplificación contempla, en primer lugar, el incremento del pago anual simplificado de 1.250 a 2.500 euros en beneficio de las explotaciones más pequeñas y con mayores dificultades para operar en los mercados. Este mayor importe del pago simplificado se sumaría a la posibilidad de seguir operando en los procesos de los planes ecológicos, aunque no cumplan las exigencias de condicionalidad.
Estas políticas de mayor flexibilidad y simplificación se concretan igualmente a la hora de adaptar sus planes estratégicos, con nuevos apoyos para afrontar situaciones de crisis.
Bruselas apuesta por la limitación de las cargas burocráticas para el control de las explotaciones reduciendo el mismo a una sola visita sobre el terreno. Se impulsa el acceso a la financiación tanto de las pequeñas y medianas explotaciones como de los jóvenes hasta los 50.000 euros, limitando los trámites burocráticos en la presentación de sus demandas a una sola vez. Desde la Comisión se entiende que, en muchos casos, las obligaciones administrativas de agricultores y ganaderos suponen mucho tiempo, además de generar más costes, todo lo cual se puede evitar con una simplificación de las tramitaciones, dando cada día más peso a los procesos de digitalización. Bruselas abunda finalmente, entre otras cuestiones, en una mayor flexibilidad para adaptar los planes estratégicos en función de las circunstancias para agilizar las respuestas públicas ante situaciones de crisis y para la utilización de los mecanismos de gestión de las mismas.
Las medidas sobre simplificación de la PAC solo se pueden entender si se consideran como una parte más de la estrategia global que supone la política comunitaria. Entre los objetivos de la PAC, a la cabeza se halla el lograr una renta agraria viable que se equipare con la renta media de otras actividades económicas. Aunque la brecha actual se ha reducido, sigue siendo grande.
Se apuesta por una mejora de la competitividad a través procesos como la investigación, la digitalización y la tecnología. Desde la PAC se pretende lograr también una mitigación de los efectos del cambio climático con una reducción de los gases de efecto invernadero, la captura de carbono y el fomento de las energías renovables. Se busca una mejor gestión de los recursos naturales, especialmente el agua, la tierra y el aire, y una menor dependencia de los productos químicos para producir y evitar los problemas de mineralización de los suelos que dejarían de ser productivos. Se impone una reducción de la pérdida de biodiversidad.
Rentabilidad y relevo.
Con la mirada en la rentabilidad desde la actividad, el sector agrario defiende mejorar su posición en el conjunto de la cadena alimentaria y frenar las prácticas comerciales desleales, donde el campo es el pagano como primer eslabón de la cadena al no poder repercutir sus costes sobre otros. El sector necesita un relevo generacional ante su progresivo envejecimiento con aumento de los activos de más de 65 años, algo que es difícil de lograr si no existe una actividad medianamente rentable, a la vez que sostenible. No hay futuro si tampoco hay innovación desde la formación y el conocimiento. Todo ello debería concluir en un nuevo escenario de la actividad agraria y agroalimentaria que proporcione alimentos suficientes y de calidad para toda la sociedad.
Por parte de las organizaciones agrarias se insiste en que las medidas de flexibilización y de simplificación de la PAC son importantes, pero no se puede olvidar que la PAC es además, y fundamentalmente, presupuesto. Los fondos para aplicar sus medidas de apoyo y regulación se han ido reduciendo y, en la actualidad, no son suficientes para afrontar los desafíos que se ciernen sobre el campo, fundamentalmente en lo que afecta a su competitividad y ante situaciones de crisis. El sector productor abunda en que, sin presupuestos suficientes, no hay PAC; y sin PAC se pone en peligro la actividad de los agricultores comunitarios. O lo que es lo mismo: la seguridad y la autosuficiencia alimentaria de los millones de ciudadanos comunitarios que quedarían en manos de la dependencia exterior.