El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha fracturado en dos al acordar que no pedirá al Congreso informar sobre la propuesta del PSOE y Unidas Podemos para reformar el delito de sedición y convertirlo en desórdenes públicos agravados, en una votación que se ha decidido por un solo voto.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que nueve vocales han votado en contra de la petición de los ocho vocales del sector conservador sobre si el CGPJ debe o no tener voz en la proposición de ley de ambos grupos parlamentarios, que ya han anunciado que habrá voto particular. El vocal Wenceslao Olea ha votado en blanco.

Precisamente este resultado se produce cuando esta misma tarde, el Congreso celebra un pleno donde se debatirá la toma en consideración de la proposición de ley para reformar el Código Penal, que busca rebajar de 15 a cinco años la pena máxima de prisión del delito de sedición, que desaparecería y pasaría a denominarse "desórdenes públicos agravados", con un máximo de ocho años de inhabilitación.

Los conservadores sostenían en su petición que aunque la Ley Orgánica del Poder Judicial solo obliga a recabar informe del CGPJ en anteproyectos de ley, "los estándares europeos obligan a que todas las propuestas normativas que afecten al Poder Judicial" se sometan a pronunciamiento del CGPJ.

Por tanto, les llamaba la atención que "en reiteradas" ocasiones "importantes reformas" que afectan al Poder Judicial no se tramiten como proyectos de ley por el Gobierno, sino como proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios que "sostienen" al Ejecutivo, "obviando así el trámite de informe preceptivo de este Consejo de haberse tramitado de otra forma".

Por otra parte, el Consejo ha aprobado por unanimidad el informe sobre la reforma del Código Penal sobre maltrato animal con "severas advertencias" al respecto, ya que el informe advierte de que la pena establecida para quien maltrate a una mascota con el objetivo de causar daño a su pareja o expareja es superior a la fijada para las lesiones leves a la propia pareja.

El proyecto de ley que modifica el Código Penal en materia de maltrato animal, diñado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que dirige Ione Belarra, se encuentra ya en tramitación en el Congreso.

Esa norma castiga con pena de prisión de 3 a 18 meses -o multa de 6 a 12 meses- a quien cause a un animal vertebrado una lesión que requiera tratamiento veterinario; y establece que la pena se impondrá en su mitad superior (de 11 a 18 meses) cuando concurran determinadas circunstancias agravantes, como cometer el hecho para coaccionar, intimidar o dañar a la pareja o expareja.