Pese a que la economía sumergida, aún siendo una actividad ilegal, incide de manera directa en las finanzas de un país, para los expertos es y ha sido siempre complicado medirla. No obstante, un reciente informe publicado por el Centro para la Investigación Económica y sobre Políticas desvela que España registra una tasa en este sentido que representa el 24% del Producto Interior Bruto (PIB), empatada con Portugal y solo por detrás de Grecia (36%).
Así, aunque es prácticamente imposible establecer un dato preciso, el escaso número de estimaciones existentes sugiere que este problema de la actividad opaca que no se declara al fisco es demasiado elevada, con una media de un 17% del PIB en las economías avanzadas y de un 33% en las naciones en desarrollo y los mercados emergentes.
De acuerdo con el citado análisis, España se situaría en el podio de esta práctica, por encima de esa media del 17% que registran las potencias económicas avanzadas, con un 24% del PIB, solo superada, a nivel europeo, por Grecia e Italia (31%).
En el extremo contrario, con niveles inferiores al 10%, están Austria (0,9%), Dinamarca (0,9%), Estonia (0,8%), Eslovenia (0,7%), Suecia (0,6%) y Bélgica (0,5%).
Para los autores del informe, Francesco Pappadà y Kenneth Rogoff, es «llamativo» que los economistas hayan prestado tan poca atención a la economía sumergida cuando claramente parece ser una parte tan grande y variable de la actividad financiera global y que constituye un grave problema para las arcas públicas, que ven mermados sus recursos por actividades ilegales.
«La economía sumergida ha seguido siendo un gran punto ciego para la política macroeconómica y financiera, y no debería seguir relegada a los márgenes de la investigación económica», remarcan estos expertos.
Los métodos anteriores de los especialistas para medir este indicador económico se basaban en aproximaciones indirectas, como la circulación de efectivo o el consumo de electricidad o, incluso, en inferencias sustentadas en modelos macroeconómicos muy estructurados. Sin embargo, en este estudio se presenta un nuevo enfoque algorítmico y fácilmente actualizable para estimar la actividad económica informal en Europa, cruzando datos del IVA y encuestas de consumo.
Nuevo modelo. El trabajo, publicado en el Journal of the European Economic Association, plantea otra forma de estimar el tamaño de la economía sumergida tomando como referencia el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y construyendo a partir de sus cifras de recaudación un modelo estimativo que toma en cuenta las posibles brechas entre lo generado por dicho gravamen y la producción total, declarada o no.
Ante esta realidad, que además representa una competencia desleal para las empresas legales, el planteamiento del execonomista jefe del Fondo Monetario Internacional y autor de libros superventas como Esta vez es distinto (Fondo Cultura Económica, 2011) sitúa a España en el tercer puesto de la UE con mayor incidencia para el bienio 2021-2022.
Las conclusiones presentadas por Rogoff y Pappadà denuncian un incremento del tamaño de esta actividad en España si se compara con los cálculos del Banco Mundial, que en 2021 fijaba el índice en niveles del 21% del PIB, o con las cifras de Friedrich Schneider y Alban Assllani presentadas por el Parlamento Europeo, que lo colocaban en el 19%.
El dato de España bajo el Gobierno de Pedro Sánchez es el más alto desde 2009, cuando el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero generó niveles de desempleo masivos y empujó las cifras de actividad informal hasta cotas cercanas al 24% del PIB, en línea con los niveles que se han vuelto a registrar en estos últimos años.