Sobre el Gobierno y el PSOE se cierne la sombra cada vez más amplia del 'caso Koldo', cuyas raíces y su profundidad están aún por desentrañar definitivamente, pero mientras tanto sigue vivo el otro asunto que condiciona y rige la vida política y del que depende, este sí, la duración de la legislatura por cuanto implica que los socios del Gobierno se mantengan en formación cerrada para tramitar la ley de amnistía, en la que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ha encontrado un par de momentos de alivio, aunque uno de ellos tenía el objetivo contrario.
En el ámbito jurídico y judicial, las previsiones del Partido Popular se están cumpliendo a medias. La decisión de la Fiscalía Europea de investigar la compra de mascarillas en Baleares y Canarias por medio de la 'trama Koldo', porque se pagaron con fondos europeos, da más gasolina al acoso que han puesto en marcha contra el Gobierno, pero en otros ámbitos las previsiones no se están desarrollando como querían sus estrategas en el intento de involucrar a las instituciones europeas en la resolución de los debates hispano-españoles. Incluso las resoluciones judiciales del más alto nivel como la decisión del Tribunal Supremo de investigar al prófugo expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, como líder supremo de una organización terrorista, ha tenido el efecto contrario al deseado, pese a la casualidad del momento elegido para publicarla.
La resolución de la Comisión de Venecia, un órgano del Consejo de Europa que fue llamado por el Senado controlado por el PP para que evaluara la pertinencia de la ley de amnistía, tiene dos partes, una sobre el fondo y otra sobre la forma de lo que supone la ley y su modo de tramitación. En cuanto al fondo, el Gobierno se muestra satisfecho por cuanto el organismo europeo considera que servirá "para la unidad nacional y la reconciliación social y política", y que no rompe la separación de poderes, los argumentos que utiliza el Ejecutivo para apostar por esa medida de gracia. En cuanto a las formas, da la razón al PP al considerar que un asunto de esa envergadura no debe resolverse mediante trámites de urgencia, sin un debate socio-político mucho más amplio, y mayorías parlamentarias reforzadas. No le falta razón a la Comisión de Venecia, pero dada la polarización y cómo han transcurrido los debates públicos hasta el momento, dilatar la tramitación parlamentaria no arrojaría resultados distintos a los que se dan en la actualidad. Este envite europeo, con un organismo que rechazo desde el primer momento la validez del referéndum ilegal del 1-O, no podrá exhibirlo el PP como un triunfo total.
A falta de lo que ocurra hasta el próximo jueves, cuando habrá que votar la ley de amnistía en la Comisión de Justicia, y de lo que Puigdemont ordene a Junts, la decisión del Supremo de investigarle por el delito de terrorismo ha podido tener un efecto contraproducente para los intereses del PP, por cuanto lejos de haber colapsado las negociaciones las ha acelerado. La resolución de esta causa-efecto es inminente.
Tampoco van bien las cosas para el PP en la mediación europea sobre la renovación del CGPJ, instada por este partido y asumida rápidamente por el Gobierno, en la que el mediador europeo, del gusto de Esteban González Pons, insiste en que primero hay que proceder a la renovación y a continuación al cambio del sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces. El PP se metió solo en un laberinto en el que si fracasa la mediación, por su responsabilidad, tendrá que explicar los motivos de su rebeldía ante un procedimiento insólito que él mismo fijó