Los múltiples siniestros e incidencias que están sacudiendo a las aseguradoras españolas están haciendo que no sean buenos tiempos para un sector que se enfrenta a las adversidades como su gran reto. Los recientes eventos catastróficos, como el volcán de la Palma en Canarias, la dana en Valencia y el apagón general que afectó al país el pasado 28 de abril son solo una pequeña muestra de la nueva realidad que viven, además de los partes habituales del día a día. Unos hechos que enturbian sus beneficios y obligan a estas empresas a políticas más agresivas de encarecimiento de las pólizas.

El cambio climático y las constantes incidencias forman parte de una gestión con mucha complejidad, marcada por la incertidumbre y la dificultad de hace una previsión acertada en sus balances.

En este sentido, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) ya ha pagado el 97,5% de las indemnizaciones aprobadas por el volcán que sacudió La Palma. A 26 de junio de 2023, la cifra abonada a los damnificados por la erupción en la isla canaria se disparó hasta los 232.438.000 euros.

Por su parte, la dana, que azotó la Comunidad Valenciana en octubre de 2024, ha sido calificada como la catástrofe natural más costosa en la historia del seguro en España, tras dejar daños materiales significativos que aún no han sido cuantificados en su totalidad, además del balance en vidas humanas. Con un nivel de garantías del 76% en la provincia de Valencia, se estima que las compensaciones superarán los 1.000 millones. El CCS ha recibido ya más de 200.000 solicitudes de indemnización, con un coste estimado de 3.500 millones de euros. Esta cifra representa aproximadamente el 34% del fondo de estabilización del CCS, que asciende a 10.300 millones. 

Asimismo, el apagón del 28 de abril de 2025, que se extendió en  casi toda España, ocasionó unas pérdidas estimadas en 1.600 millones de euros, aunque aún se desconoce como afectará a las aseguradoras. Sectores como el agroalimentario, industrial y comercial sufrieron fueron los más perjudicados.

En respuesta a estos eventos, los economistas aseguran que las compañías se han visto obligadas a incrementar el precio de sus pólizas. Así, por ejemplo, el recargo aplicado a los seguros de hogar es del 0,07 por 1.000 y el precio medio de los de automóvil en 2024 alcanzó los 902 euros, un aumento del 15% respecto al ejercicio anterior. 

Las modalidades más afectadas fueron el todo riesgo sin franquicia, con un incremento medio del 17%, y el terceros ampliado, con un 15,8%.

En este sentido, los expertos prevén que en el año en curso las primas de los contratos de automóvil experimenten una tendencia descendente, debido a la moderación en el IPC y la reducción de los costes de las reparaciones. Sin embargo, los clientes con perfiles de mayor riesgo podrían seguir enfrentando cuantías aún más elevadas.

Los expertos subrayan que las recientes catástrofes naturales y el apagón eléctrico han puesto a prueba la resiliencia del sector. En esta línea, el gasto en seguros por habitante en España se sitúa por debajo de la media europea, destacando la diferencia con países como Luxemburgo, el Reino Unido o Francia. Según datos de Mapfre Economics, el desembolso medio en esta materia por habitante en España es de aproximadamente 1.347,8 euros anuales. Esta cifra está por debajo de la media de la Unión Europea, que se estima en alrededor de 3.000 euros. España ocupa el quinto lugar del Bloque en términos de gasto per cápita en seguros, por detrás de naciones como el Reino Unido (3.300), Países Bajos (2.931), Francia (2.700) y Alemania (2.600 euros).

Facturación

En 2024, el segmento asegurador nacional alcanzó una facturación aproximadamente de 75.161 millones de euros en primas emitidas, consolidándose como uno de los pilares fundamentales del PIB. Este volumen representa un crecimiento sostenido en los últimos años, impulsado especialmente por la diversificación de productos y la adaptación a las nuevas necesidades del mercado.

La rentabilidad del retorno sobre el capital de estas compañías en el país se colocó en torno al 10%, destacando la eficiencia operativa y la gestión prudente del riesgo. 

Las perspectivas para el sector de garantías son positivas, con proyecciones de crecimiento moderado en los próximos años. Los economistas anticipan una consolidación del mercado que estará impulsada por la digitalización, la sostenibilidad y la adaptación a las nuevas demandas de los consumidores.