El devenir de los casos judiciales más mediáticos, porque afectan al entorno del presidente del Gobierno y del PSOE están pendientes o relacionados con los informes de la UCO que tienen que ver la luz. O no. O que no tendrían que verla después de algunas resoluciones judiciales. Sus informes, en ocasiones son demoledores para los investigados en algunos de esos procesos, en otros casos contienen errores de bulto, y en algunos casos más se cierne sobre ellos la sospecha de que son filtrados de forma interesada antes de tiempo.
Uno de los informes de la UCO que despertaban mayor expectación es el que le había encargado el juez Juan Carlos Peinado en el 'caso Begoña Gómez', en la pata que relacionaba a Begoña Gómez, con el rescate de la aerolínea Air Europa, en el que aparecen implicados el comisionista Javier de Aldama, el exministro José Luis Ábalos y el CEO de la compañía, Javier Hidalgo, financiador inconcluso de una parte de la cátedra que dirigía la esposa de Pedro Sánchez.
Aunque la Audiencia Provincial de Madrid había ordenado al juez Peinado que abandonara la línea de investigación sobre el rescate de Air Europa, el juez decidió ordenar a la UCO un nuevo informe sobre si Begoña Gómez tuvo alguna intervención en un asunto que ha sido avalado por la justicia europea, el Tribunal de Cuentas y otras instancias. Por tercera vez, la Audiencia Provincial ha reconvenido al juez y le vuelve a ordenar que lo deje de una vez. La cuestión ahora es qué va a pasar con el informe que realizaba la UCO sobre este asunto y que se suponía a punto de presentarse. Lo lógico es que no vea la luz por cuanto el juez Peinado debiera obedecer al órgano jurisdiccional superior, que insiste en la falta de pruebas para seguir ese camino, pero con su actitud recalcitrante es difícil prever que ocurrirá, dado que cualquier insinuación le sirve para insistir en lo que la fiscalía y la defensa de Begoña Gómez consideran "una irregular deriva procesal". De las tres ramas que investiga el juez Peinado, la Audiencia Provincial de Madrid ya ha cortado una, la de Air Europa, y en la de las recomendaciones al empresario Barrabés, ha recriminado al juez por sus extralimitaciones. En la de la cátedra, la Audiencia madrileña acaba de desimputar al rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y al alto cargo del Instituto de Empresa y consejero autonómico durante los Gobiernos madrileños de Esperanza Aguirre, Juan José Güemes porque realizó una lectura errónea de la declaración de otra testigo. En este caso tan evidente resulta difícil de entender porque el juez no enmendó su error y ha esperado a la reconvención del tribunal superior.
La atención sobre la UCO está puesta ahora en el informe que debe presentar sobre la implicación del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la trama Koldo, con la sorpresa de que una parte de su informe ya se ha podido filtrar antes de que se hubiera trasladado al juez. Por otra parte, es normal que los investigadores de la UCO, en el caso del fiscal general del Estado por la filtración de la situación fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, se hayan reafirmado en sus conclusiones en su declaración ante el juez del Tribunal Supremo.
Cuando está vivo el debate sobre la legalidad de algunas filtraciones y su afectación a la presunción de inocencia, la UCO tiene que ser exquisita en su trabajo -que en el caso Koldo ha tenido algún desliz memorable- consolidar su profesionalidad y preservar el secreto de sus informes hasta que un juez lo traslade a las partes.