Cuando el próximo lunes la ministra de Sanidad, Mónica Garcia, presida el Consejo Interterrotorial del Sistema Nacional de Salud, en el que se sientan los consejeros autonómicos de Sanidad, ya tendrá parte de su trabajo hecho porque son cada vez más las comunidades autónomas que están adoptando medidas para hacer obligatorio el uso de las mascarillas en centros sanitarios, residencia de mayores y recomendando su uso en aglomeraciones de personas ante las elevadas cifras de contagio de gripe, y en menor medida por ahora de COVID-19, aunque este virus lleva semanas infectando a la población en una dimensión que comienza a ser preocupante.

Al Ministerio de Sanidad le corresponden las labores de coordinación en materia sanitaria y resulta muy difícil hacerlo cuando las comunidades autónomas no se dejan coordinar o se muestran excesivamente celosas de sus competencias. En este caso han sido varios gobiernos autonómicos del PP -Valencia, Murcia y Aragón- y Cataluña, quienes han tomado la iniciativa para establecer la obligatoriedad de las mascarillas, como el elemento más eficaz para evitar la transmisión de las enfermedades respiratorias.

La ministra de Sanidad ha optado por la doble vía de evitar las imposiciones, animar a que cada comunidad autónoma actúe en función de sus circunstancias particulares, y mediante el llamamiento a la ciudadanía para que utilicen el sentido común y vuelvan al uso de las mascarillas cuando tenga síntomas de una enfermedad contagiosa o para prevenir su infección. El recuerdo del sentido de la responsabilidad con la que actuó de forma mayoritaria durante la pandemia y el efecto benéfico que tuvo retrasar su retirada hasta que había bajado de forma significativa el número de afectados debe ser un elemento esencial en la prevención de unas enfermedades respiratorias que se han disparado hasta casi los mil casos por cien mil habitantes, aunque el número de ingresos hospitalarios se encuentra en 30 personas cada cien mil.

Ante una situación que es recurrente, la ministra de Sanidad se ha comprometido a elaborar "desde ya y de manera conjunta", una serie de acciones preventivas para el invierno que viene, que resulta sorprendente que no se hayan elaborado con anterioridad y se encuentren ya en vigor. Quizá se deba a que ello implicaría dotar de más medios a la atención primaria, que debe ser la encargada de parar estos repuntes de las enfermedades respiratorias en primera línea y evitar así el colapso de las urgencias hospitalarias. Es decir, tienen que dejar de ser cicateras a la hora de contratar profesionales sanitarios. Y por supuesto instar a la prevención mediante la vacunación contra la gripe y el COVID de los grupos de riesgo y al uso de las mascarillas.

Que comunidades autónomas de distinto signo político apliquen medidas coincidentes es un buen punto de partida para él acuerdo. Pero siempre hay una aldea de los galos, que, en efecto, es la Comunidad de Madrid, que hace de la obligatoriedad del uso de la mascarilla una cuestión de libertad individual frente al derecho a la salud pública.