El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se vio ayer obligado a dar explicaciones por los indicios de presunta corrupción de los dos secretarios de Organización que ha nombrado desde que lidera el PSOE en una comparecencia frustrante en cuanto a explicaciones y asunción de responsabilidades se refiere. La coincidencia en las responsabilidades dentro del partido de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, cabecillas de una presunta trama de adjudicación de obra pública a cambio de comisiones con epicentro en el Ministerio de Transportes, apela directamente a Sánchez como superior jerárquico tanto en el Ejecutivo y en el partido. Además, este escenario también interpela a las formaciones que derribaron al anterior Gobierno bajo el mensaje de tolerancia cero contra la corrupción; su coherencia y principios éticos se ponen ahora a prueba.
La comparecencia del secretario general, con aspecto compungido e intentando un golpe de efecto emocional pidiendo perdón, sólo sirvió para enmascarar la ausencia de respuestas efectivas. Se limitó a anunciar una remodelación de la Ejecutiva de su partido, obligada por la dimisión de quien era el número 3, y a la realización de una auditoría externa de las cuentas de la formación. Habrá que confiar que ese examen sea más riguroso que la pantomima autoexculpatoria que hizo el ministro de Transportes, Óscar Puente, cuando se empezaron a conocer los primeros indicios de la trama. En su intervención no hubo de atisbo de reconocimiento de responsabilidad por la confianza depositada en dos personas con la altura ética que hoy conocemos, ni por haber mantenido a Cerdán en la dirección del PSOE tras el último congreso pese a los múltiples indicios en su contra.
No hay tampoco anuncio alguno de una investigación en las empresas públicas, como si el amaño de una obra no requiriera de la complicidad de una estructura dentro del Ministerio, ni se produjo una reflexión sobre la vigilancia de los comportamientos éticos de su Gobierno y su partido. Al contrario, se refugió en la ignorancia y la decepción personal –siempre las emociones como coartada– y amagó con el recurso a la supuesta conspiración mediático-judicial contra el Gobierno en la que jueces prevaricadores pretendan subvertir la soberanía nacional. Si, como dijo, la respuesta dada es proporcional a su decepción, no parece ésta haber sido muy profunda porque las medidas anunciadas tampoco lo son. Atendiendo a unos mínimos principios éticos en el servicio público, Pedro Sánchez está obligado a dar una salida a un país apabullado por los escándalos judiciales que afectan a las personas de su círculo de confianza política y personal, y que salpican incluso a un pilar básico de la Democracia como es la Justicia, con un fiscal general del Estado procesado. En su hoja de ruta para la regeneración de la vida pública olvidó incluir a sus más cercanos y eso sólo tiene una respuesta: la asunción de responsabilidades políticas en forma de una inmediata convocatoria electoral.