La crisis económica provocada por la COVID-19 no ha hecho más que intensificar el desequilibrio subyacente del sistema de pensiones en España. Porque, mientras el gasto en pensiones ha mantenido un ritmo de crecimiento relativamente estable, la intensa disminución de los ingresos por cotizaciones sociales durante la pandemia ha ahondado el deterioro del déficit contributivo a la Seguridad Social.
A cierre de mayo de 2021 existen en España 1,95 cotizantes por cada pensionista, una tasa que ha estado en caída desde el año 2007. Según algunos expertos, el equilibrio en los sistemas de reparto es difícil de sostener cuando la relación entre afiliados y pensionistas es menor a 2,5.
Pero este ratio no es uniforme. Algunas provincias están en niveles de 1,5 cotizantes por cada pensionista o incluso inferiores. En concreto, hay trece provincias en esta situación, entre las que están: Salamanca, Palencia, Pontevedra, A Coruña, Ávila, Asturias, Zamora, León, Lugo y Ourense. En el extremo contrario, por encima de 2,5 cotizantes por pensionista, se sitúan: Melilla, Almería, Madrid y Huelva.
A esto se añade el hecho de que las nuevas pensiones entran en el sistema con un desequilibrio actuarial, es decir, que durante su jubilación, los pensionistas en conjunto reciben una pensión mayor a lo que han cotizado. Un estudio del Banco de España del año pasado calcula que, utilizando la Muestra Continua de Vidas Laborales de 2017, las nuevas pensiones reciben 1,74 euros de prestación por cada euro de cotización.
Si una gran reforma era necesaria antes de la pandemia, ahora lo es todavía más. Es necesario estabilizar el sistema a corto y medio plazo, actuando para corregir el déficit existente. Pero, en paralelo, es necesario aplicar mecanismos automáticos que blinden el sistema de reparto ante los cambios demográficos, económicos y sociales.
España debería sumarse a aquellos países europeos que han entendido que, sin unos pilares robustos de previsión social pública y complementaria, no podremos aspirar a pensiones  sostenibles, suficientes y equitativas. Entre los elementos de este ‘sistema mixto’ habría que considerar, en el Pilar I de pensiones públicas de reparto, las cuentas nocionales. Este sistema tiene en cuenta la contribución del trabajador a lo largo de su vida laboral para calcular lo que le corresponde de pensión pública.
En segundo lugar, es necesario impulsar el Pilar II, de planes complementarios de empleo y la  adscripción cuasi-obligatoria de los trabajadores (asalariados y autónomos) a un sistema de contribución definida de capitalización de planes de pensiones de empleo a través de convenios colectivos. Pero también es importante incentivar el ahorro individual, a través de planes de pensiones u otros instrumentos de ahorro, lo que constituye el Pilar III del sistema.
Solo desarrollando los tres pilares, como han hecho los países de la UE, lograremos un sistema de previsión social para la jubilación sostenible, justo y capaz de proveer pensiones suficientes y dignas a los jubilados presentes y futuros.

*Luis Vadillo es Director de Negocio de BBVA Asset Management Europa y Director del Instituto BBVA dePensiones y BBVA Mi Jubilación.