Lo decía Pío Cabanillas con frecuencia, "Lo urgente es esperar". Hoy esas cuatro palabras tienen más sentido que nunca. En esta España convulsa ante un gobierno desacreditado, con los máximos dirigentes de su partido indecentemente corruptos y el propio presidente sospechoso de cubrir algunos presuntos delitos o, cuando menos, de haber faltado a la obligada vigilancia, hay que esperar antes de tomar decisiones de profundas consecuencias.
Los españoles íntegros, que quieren a su país y llevan años escandalizados por iniciativas que toma un gobierno por exigencia de socios que no quieren a España, viven con el alma en vilo ante dos pasos de Pedro Sánchez que pondrían la puntilla a la España democrática: una, la aprobación por el Tribunal Constitucional de la amnistía de unos condenados por el Supremo por el intento de subvertir el orden en Cataluña. Condenados que, para seguir apoyando a Pedro Sánchez, han puesto sobre la mesa esa amnistía. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y la Comisión, han advertido que se trata de una autoamnistía porque afecta directamente a los intereses de quienes la promueven, y así se lo han trasladado al gobierno español.
La segunda iniciativa que el gobierno pretende aprobar en pocas semanas, es el "Proyecto de Ley para el fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal", más conocido por Ley Bolaños. Cualquiera con dos dedos de frente comprende que busca controlar los tribunales y facilitar el acceso a la carrera judicial a personas que ya no tienen que aprobar una oposición sino a someterse al criterio de un grupo de profesionales… designados por el gobierno.
Es tan escandaloso el asunto, que la propia UE ha dado un toque de atención y estos días se han producido paros de protesta de jueces y fiscales por lo que consideran una iniciativa contraria a los principios de una democracia, la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
Si Cándido Conde Pumpido defiende lo que dice defender, la ley por encima de cualquier otra circunstancia, aunque ha dado pasos que hacen pensar que antepone sus principios a las instrucciones de Moncloa; y si Bolaños antepone las obligaciones de un ministro de Justicia a esas instrucciones monclovitas, uno y otro están obligados a tomar alguna medida que les hagan merecedores del respeto de los españoles. Si no se sienten capaces de retirar ambas iniciativas, la amnistía y una ley propia de dictaduras, que tengan el valor de aplazarlas sine die. Al menos salvarían la cara, hoy tan dañada.
Aunque no sea más que para demostrar que son conscientes de que los términos de la amnistía los han negociado Santos Cerdán y Puigdemont, y el proyecto de ley, aunque no entraría en vigor hasta el 2027, pretende minar la credibilidad de los tribunales que antes o después juzgarán a las personas más importantes del círculo personal y político de P.S.
Lo urgente es esperar. Hoy, lo urgente, es levantar el pie del acelerador: no se puede aprobar lo que han diseñado personas profundamente inmorales y corruptas.