La situación procesal de Álvaro García Ortíz ha desenterrado el hacha de guerra: han reaparecido con fuerza las dos Españas. La supuestamente progresista que se alinea con el Fiscal General y por tanto con las tesis del gobierno, frente a la supuestamente conservadora que se confiesa escandalizada ante una situación nunca vivida antes: el procesamiento de un Fiscal General, apoyado inequívocamente por el gobierno y sus socios.
Frente al sentir de estas dos Españas, un número considerable de jueces y fiscales de reconocido prestigio que tradicionalmente han sido catalogados, a su pesar, como progresistas o conservadores, ha lanzado un grito unánime: señores, esto no va de política, esto va de justicia. Justicia con mayúscula, con sus leyes, reglamentos y normas.
Con reflexiones muy parecidas aunque no idénticas, estos jueces y fiscales etiquetados de distinta manera, corazón a la derecha, corazón a la izquierda, se expresan en los mismos términos: el Fiscal General del Estado no ha sido procesado por un juez, sino que auto cuenta con el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Y dicen más, unos y otros, cuando la periodista que no ha estudiado Derecho, pretende desentrañar el asunto con un mínimo de rigor: la presunción de inocencia se está respetando escrupulosamente, pero en un procedimiento judicial es obligado trabajar sobre los indicios para ver si se trata de pruebas.
En el caso de Alvaro García Ortíz, el auto se refiere a indicios, no pruebas; pero el propio fiscal dio pasos muy significativos que agravaron esos indicios: al borrar los mensajes de su teléfono móvil buscaba deshacerse de las pruebas. Los mensajes no solo borraban el contenido de las conversaciones mantenidas con su círculo profesional y con los periodistas con los que habló, sino que borraba las horas en las que se produjeron las conversaciones. Que demostrarían si fue él quien filtró la información sobre el acuerdo de conformidad que el novio de Ayuso buscaba con Hacienda, y si era cierto que cuando habló con los periodistas ya conocían los hechos.
Otra coincidencia de jueces y fiscales de diferente "sensibilidad", es la incongruencia de que si se confirma el procesamiento del FGE y de la Fiscal Jefe de Madrid, para esta última suspensión de su cargo porque se le aplica el estatuto fiscal, mientras que el FGE, cargo político, puede mantenerse en el puesto. Y puede por tanto dar instrucciones a los fiscales de toda España mientras que la Fiscal Jefe de Madrid no puede hacerlo a los que eran de su competencia.
El FGE comparecerá los próximos meses ante siete jueces del Tribunal Supremo. El apoyo del gobierno y sus socios es inequívoco, por razones políticas. Pero este asunto aún tiene muchas vueltas. Si el Supremo confirma el procesamiento de García Ortíz, el presidente de gobierno, y el gobierno entero, se van a encontrar en una situación muy delicada. Y las instituciones judiciales europeas están ya ojo avizor, porque en España se están dando situaciones que Bruselas considera inaceptables en un Estado de Derecho.