E n los últimos años hay una gran polémica con la instalación de placas solares en terrenos agrarios. Aunque no es el único caso, últimamente muchas asociaciones y organizaciones agrarias están levantando la voz contra el arranque de olivares tradicionales en algunas zonas de Andalucía para sustituirlos por estos elementos, tanto por la propia desaparición de estos cultivos, que son un patrimonio al que no se debería renunciar, como por la supuestas expropiaciones a las que se ven sometidos los agricultores dueños de los terrenos. También está ocurriendo en zonas de regadío y viñedo de La Rioja, en áreas cerealistas de ambas castillas y en más puntos de nuestra geografía patria.

Ante esta situación, SOS Rural y la Asociación Ecología y Libertad (AEL) impulsarán una macrocausa judicial contra estas plantas fotovoltaicas en superficies agrarias útiles para evitar un «apagón alimentario». Aducen que, en algunos casos, se construyen en base a un «fraude de ley». «Nuestro objetivo es que este plan cristalice en una acción legislativa, que el Congreso impulse un proyecto de ley para zonificar el territorio nacional, (...) poder ver dónde sí y dónde no se puede (instalar las plantas fotovoltaicas)», explicó el martes la portavoz nacional de SOS Rural, Natalia Corbalán.

Ambas asociaciones escenificaron su alianza para poner en marcha una macrocausa judicial conjunta en toda España contra las instalaciones fotovoltaicas que afectan a terrenos con alto valor de cultivo, aunque no especificaron cuándo comenzarán ni el número de cultivos afectados. Según Corbalán, muchos proyectos fotovoltaicos se están haciendo sin garantías y sin respetar la «zonificación», dado que no hay reglamentación que regule esta materia: «En muchas ocasiones hay un claro incumplimiento de la normativa medioambiental y urbanística», subrayó, a la vez que pedía una evaluación ambiental. A su juicio, se está calificando suelo industrial «por la parte de atrás», ya que una planta fotovoltaica no es una infraestructura propiamente dicha.

Por su parte, la presidenta de la AEL, Margarita Fernández, urgió a que la instalación de estas estructuras se sustente en una planificación energética basada en criterios sociales, territoriales y ambientales y «no en intereses especulativos de organismos internacionales». «Defendemos un modelo armónico, en el que convivan las energías renovables y la agricultura», resumió, y para ello realizarán un «análisis exhaustivo» de todos los proyectos fotovoltaicos nacionales, tanto de aquellos que ya están en funcionamiento como los que están en vías de desarrollo.

El primero será el de Lopera (Jaén), donde las asociaciones ya han pedido al Gobierno de Andalucía que suspenda las expropiaciones y paralice los proyectos fotovoltaicos que implican la tala de 42.000 olivos de cultivo tradicional. Para ello, SOS Rural puso en marcha una campaña de recogida de firmas que ya alcanza las 132.000.

Las portavoces reiteraron la necesidad de mantener el suelo agrario para no caer así en un «apagón alimentario», además, coincidieron en que, con la pérdida de estas zonas, se eliminan «sumideros naturales de carbono» que protegen la biodiversidad y frenan la desertificación. «Renovables sí, pero de forma controlada», han resumido ambas responsables a la espera de poner en marcha esta macrocausa judicial, con la que esperan llegar a un futura ley que garantice el suelo agrícola y la protección del trabajo de los agricultores.

Energía y sector agroalimentario, de la mano: una oportunidad única.

«¿Y si una parte del futuro del campo estuviera justo donde no queremos mirar? ¿Y si esos restos y subproductos que a menudo nos traen problemas fueran, en realidad, parte de la solución?» Así se expresa Javier Díaz, presidente de la Asociación Española de la Biomasa, creada en 2004 con el fin de promover el desarrollo del sector de la Bioenergía en España.

«Eso es exactamente lo que puede aportar el desarrollo del biometano: transformar subproductos como el estiércol, los purines y los restos de cosechas o de las industrias agroalimentarias en energía renovable», explica. «Y hacerlo aquí, en nuestras tierras, generando empleo, valor añadido y nuevas oportunidades para agricultores y ganaderos».

En España -y especialmente en el medio rural- cada año se generan millones de toneladas de residuos orgánicos que se aplican directamente al suelo o se dejan descomponer al aire libre. Esto puede provocar malos olores y otras molestias, aparte de que puede contaminar las aguas subterráneas con nitratos y emitir gases de efecto invernadero como el metano, más potente que el CO2.

La alternativa existe, es tecnológica y económicamente viable y ya funciona en países como Francia o Dinamarca: obtener biometano. Las plantas de biogás/biometano logran aprovechar estos restos y subproductos para generar un gas renovable que puede usarse igual que el gas natural: para calentar, cocinar, generar electricidad o descarbonizar diferentes procesos industriales.

«El biometano no es una amenaza para el campo: es una oportunidad que estamos empezando a entender. De hecho, sin el sector agrario, esta nueva fuente de energía no sería posible, pues son los residuos ganaderos y agrícolas los que alimentan las plantas de biogás y biometano», explica Díaz. Como expuso Blas Donis, de UPA Palencia, en el último Congreso de Bioenergía (2024): «El biometano ofrece una doble ventaja: gestionamos de manera eficiente los residuos agrícolas y ganaderos y, al mismo tiempo, creamos oportunidades económicas para los pequeños agricultores». Es una doble ganancia: se resuelve un problema ambiental y económico y se obtiene una fuente de ingresos adicional.