La Administración de Justicia vive en una anomalía constante desde el 24 de enero de este 2023, cuando se inició la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), quienes tras concentrarse varias veces en 2022, iniciaron uno paro indefinido que paralizaba el sistema judicial con la suspensión de juicios, la falta de tramitación de diligencias y sólo con la atención de los casos más urgentes por la vía de servicios mínimos.

Esta huelga de los LAJ finalizó con un acuerdo con el Ministerio de Justicia a finales de marzo, pero tras ellos, a mediados de abril, los funcionarios del cuerpo nacional de la Administración de Justicia iniciaban sus movilizaciones, a las que se sumaron jueces y fiscales. Las reivindicaciones laborales y salariales de estos últimos encontraron cabida pronto, sin que llegaran a convocar ningún paro, pero el resto de funcionarios continúa con su protesta, transformada en huelga indefinida desde el 22 de mayo.

Con todo ello, la Justicia arrastra una paralización de meses, con miles de juicios suspendidos que tienen que buscar nueva fecha en los próximos meses, con alzamientos por ejecutar en los casos de ocupaciones de viviendas, con demandas de divorcio sin resolver si no hay medida cautelares o menores, así como ciudadanos que no pueden tramitar de manera gratuita su expediente matrimonial en el caso de que opten por un enlace civil y se ven obligados a celebrar la boda sin la documentación tramitada o acudiendo al notario que les cobra la cantidad que estipule por otorgar una escritura pública.

Medio centenar de abogados y procuradores se concentraron esta semana. - Foto: Javier Pozo

Sin duda, los principales perjudicados por esta concatenación de huelgas de funcionarios de Justicia son los ciudadanos. Es el caso de Pilar Portillo, que lleva un año esperando a que convoquen un juicio. En agosto de 2022, denunció el incumplimiento de contrato de unos inquilinos a los que habían alquilado una vivienda de sus padres y habían dejado de pagar. Esa vivienda, a día de hoy, está desocupada, porque los que vivían en ella fueron detenidos por la Guardia Civil, pero no puede hacer uso de la misma hasta que un juez no dicte sentencia y se notifique.  

«Me arrepiento totalmente de haber denunciado. Va a hacer un año. La casa es de mi padre, que tiene 93 años, y mi madre, 97, y no pueden ir a su casa», una vivienda por la que todos los días le pregunta su padre. «Yo entiendo que tienen que reclamar pero que lo hagan de otra manera, sin fastidiar a la gente normal», lamenta Pilar Portillo, que no entiende que «si estos no están pagando, y no están, qué necesidad hay de que yo no pueda entrar en mi casa».

Del lado profesional, están los abogados, procuradores y peritos. Precisamente, esta semana, el Colegio de Abogados de Guadalajara, a instancia del Consejo de la Abogacía Española, convocaba una concentración de sus colegiados, en la que contaron con el apoyo también de los procuradores, para visibilizar el malestar de la profesión con la paralización que sufre la Justicia y para pedir al Ministerio responsable que negocie para finalizar con los conflictos laborales.

«Las consecuencias las padecemos nosotros. El colectivo que está en huelga está ejerciendo su Derecho y a nosotros nos está fastidiando. Estamos llegando a una situación de insostenibilidad total porque no avanzan los juicios», comenta el decano del Colegio de Abogados de Guadalajara, Emilio Vega Ruiz, quien no esconde su preocupación porque sabe «que hay muchísimos compañeros que lo están pasando muy mal. Es algo que nos afecta al 100% de los abogados», porque, argumenta que «cobramos a la finalización y nada se acaba. Podemos vivir a base de provisiones pero tenemos que terminar el trabajo y dar satisfacción al cliente. Llevamos sin resoluciones judiciales mucho tiempo». Tan sólo aquellos que están adscritos al Turno de Oficio están percibiendo unas retribuciones fijas por lo que, desde el colegio, «vamos a tratar de solventar determinadas situaciones particulares», señala el decano.
Emilio Vega denuncia que «no se ha hecho un alzamiento en Guadalajara desde hace meses. Es una locura y la gente necesita su vivienda, sus pensiones, sus indemnizaciones y no se hace nada. Nosotros somos perjudicados pero el ciudadano es el último y el mayor perjudicado de todos».

«Vamos a protestar, chillar, reclamar, pero no tengo esperanza de que esto se solucione antes de las elecciones», mantiene Vega, que asegura que de los juicios suspensos ahora,  se los han señalado para finales de 2023 y otros para 2024.

Esta preocupación la comparte el decano del Colegio de Procuradores de Guadalajara, Andrés Taberné, que considera que su colectivo es «de los más afectados» y que tampoco tiene esperanza en que haya una solución antes del 23-J. 

«Respetamos el derecho a la huelga que tiene cualquier colectivo pero creemos que, por parte del Gobierno, se debería hacer algo para evitar que los derechos de los ciudadanos no se vean conculcados», declara Taberné, quien no esconde que «en el caso de los procuradores, nuestra actividad es fundamentalmente judicial. Es la tramitación de los distintos pleitos y procedimientos, si están parados, nuestra actividad cesa y no podemos facturar».

Este decano detalla que «cada Juzgado tiene una media de 600 a 700 demandas pendientes de registrar» y que «en este trimestre, la recepción de notificaciones de los Juzgados ha estado en un 10 a 20% respecto al año pasado». 

La situación es delicada, por lo que el colegio provincial ha condonado las cuotas colegiales de dos trimestres de este año y ha aprobado una ayuda de 400 euros para que los profesionales puedan invertirlo en el pago del seguro obligatorio de responsabilidad civil.

Ni Vega, con 30 años de profesión, ni Taberné, con 42 años, habían vivido antes una situación de parálisis judicial como la actual.

«La sensación de frustración es enorme»

Raquel Barco es abogada y confiesa que «la sensación de frustración y de impotencia es tremenda. Es mucho mayor, incluso, que la carga de haber estado preparando un juicio, que sabemos que es un trabajo tirado». No es fácil afrontar el día a día, acudiendo a los Juzgados a juicios, que la mayoría de las veces no se celebran: «Cuando hemos citado a los testigos, hemos mentalizado al cliente porque, quieren defender sus derechos, pero para ellos es una pérdida de tiempo y una carga mental, allí te dicen que el funcionario está de huelga y que no se va a celebrar el juicio, y con las mismas te vuelves a casa». Para ella, lo preocupante es que «la mayoría de los clientes, si antes no creían en la Justicia o tenían dudas, ahora no creen en el sistema», lo que considera que puede conllevar a que los ciudadanos, al sentirse desamparados, tomen la Justicia por su mano.