Todo apunta a que estamos en puertas de conocer el acuerdo al que habrían llegado los negociadores socialistas con el equipo que asesora a Carles Puigdemont para qué los diputados de Junts apoyen la investidura presidencial de Pedro Sánchez.

Medios catalanes afines a los independentistas hablan de un anuncio que se estaría retrasando por nuevas exigencias de ERC, el otro partido separatista que no quiere quedarse atrás en la puja. Sí Puigdemont exige el reintegro de los fondos depositados a título de fianza en los tribunales -se baraja una cifra que rondaría lo siete millones de euros-, Junqueras emplaza a Sánchez para que en el preámbulo de la ley de amnistía se declare que no fue ilegal el referéndum unilateral del 1 de Octubre del 2017.

Al emplazar a Sánchez está señalando al Tribunal Supremo que enjuició y condenó la sedición -entonces en vigor- y la malversación hoy rebajada en su tipo penal tras la reforma del Código Penal llevada a cabo para indultar a los políticos separatistas. Dar por buena esta última exigencia vendría a cuestionar el andamiaje mismo del Estado de Derecho pues la impecable actuación de la Sala II del Supremo se fundamentó en el ordenamiento legal vigente respaldado por la Constitución. Otra de las demandas de Puigdemont, el reconocimiento de Cataluña como una nación, choca con una sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 que señala que la Constitución no reconoce otra Nación que la española.

La seguridad con la que Pedro Sánchez se ha manifestado en las últimas horas respecto a la culminación de los acuerdos que permitirán su investidura, contrasta con las dudas que manifiestan algunos juristas aludiendo al encaje constitucional más que problemático de las exigencias de los separatistas. El precedente de la presión interpretativa a la que fueron sometidas algunas leyes en la legislatura anterior, cuando Sánchez recurrió a modificar el Código Penal para eliminar el carácter delictivo de la sedición y rebajar la malversación, induce a pensar que en esta ocasión también tensará la cuerda hasta el límite para conseguir su objetivo.

Sánchez quiere seguir siendo presidente del Gobierno a cualquier precio y está dispuesto a ceder lo que haya que ceder con tal de conseguirlo. Ante la gravedad de este asunto, en otras circunstancias y con otra composición en el Tribunal Constitucional, podríamos haber concluido este apunte evocando aquél famoso "Todavía hay jueces en Berlín". Hoy no es el caso.