Con la ausencia de los acusados en la vista celebrada este lunes en el Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara, ha quedado visto para sentencia el juicio abierto contra estos ocho activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca a los que se ha juzgado porque hace siete años se encerraron en una sucursal bancaria de Cabanillas del Campo en protesta por un desahucio.

Pese a no asistir a la vista,  los acusados, apoyados por distintos colectivos, sindicatos, formaciones políticas y personas a título individual, se concentraban desde primera hora de la mañana de este lunes ante las puertas de los juzgados para protestar por las penas que se solicitaban para ellos, considerando además que se trataba de un juicio "político" para reprimir su derecho a la protesta. 

Una vista que finalmente se pudo celebrar sin los investigados, gracias a que la Acusación Particular, que solicitaba inicialmente penas de hasta tres años y medio de cárcel,  se adhería a las peticiones de la Fiscalía, de doce meses de prisión por desobediencia y hallanamiento, renunciando a la petición por un delito de coacciones.

Y es que, cuando las peticiones de pena son inferiores a los dos años, no es obligatorio que los acusados asistan al juicio, sino que se puede celebrar sin que hayan estado presentes, cosa que si no hubiera habido una reducción de la petición de pena por parte de la acusación, no se hubiera producido. En este caso, se hubiese tenido que suspenderse la vista y volver a citar a los investigados, y en caso de que no se volvieran a presentar, ordenar su detención. 

En la vista, desde la representación legal de los acusados han incidido en que por parte de los acusados no había intención de causar daños ni intencionalidad dolosa sino que se tratada de una muestra de solidaridad con Paola, la persona que iban a desahuciar. 

Los hechos por los que se les ha juzgado se sitúan en el 2017, año en el que entraron en el que los imputados accedían a una oficina de CaixaBank en Cabanillas del Campo para acompañar a una mujer que iba a ser desahuciada de la vivienda que ocupaba, hechos por los que fueron detenidos todos ellos.

Una vista que se ha prolongado varias horas, tiempo durante el cual los acusados han estado a las puertas de los juzgados. 

En declaraciones a La Tribuna, Diego Herchhoren, uno de los encausados, ha justificado las razones por las cuales no han asistido a este juicio. Una decisión que ha calificado de "firme", entendiendo que era una vista "injusta" y que, por tanto, "es legítimo desobedecer ante una norma injusta".

La Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara había convocado para esta misma jornada, coincidiendo con la celebración del juicio, una concentración ante la puerta de los Juzgados de la capital alcarreña, en protesta por una vista "injusta" contra ocho activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Guadalajara que participaron en una protesta en el interior de una sucursal bancaria de Cabanillas del Campo para pedir la paralización de un desahucio.

Llevan más de siete años de espera y este lunes, apoyados este lunes por AIKE Guadalajara, Abriendo Fronteras, Rincón Lento, Podemos, Izquierda Unida, Confederación Nacional del Trabajo, Plataforma Feminista, el Sindicato Comisiones de Base, STAS-Intersindical, el Sindicato de Estudiantes, Centro Social Octubre, Izquierda Revolucionaria y Partido Comunista de España, han vuelto a insistir en que se trata de un juicio "político" ante el cual se declaraban insumisos.

Los hechos ocurrieron el 5 de diciembre de 2017 en Cabanillas del Campo, donde ocho activistas que pretendían evitar el desahucio de una compañera de la PAH fueron detenidos y ahora se enfrentan a un proceso judicial cuya sentencia se conocerá próximamente.