La Política Agraria Común (PAC) 2023-2027 tuvo un arranque incierto: problemas informáticos con los programas para gestionarla, incertidumbre entre los agricultores y ganaderos acerca de ciertos pagos, figuras nuevas como los eco-regímenes… A día de hoy, ya en su tercer año, parece que ha tomado una cierta velocidad de crucero y, aunque aún hay muchas quejas por parte del sector primario (esa fue una de las causas de las protestas masivas del año pasado en toda Europa), la actual PAC sigue su camino y parece que llegará a término sin mayores incidentes.

Pero después de esta PAC llega la siguiente, la de 2028, que parece que vendrá con cambios sustanciales. Y la Comisión Europea va dando los primeros pasos en este camino, que sin duda será largo (al menos dos años) y tortuoso. Pero no estará sola, porque agricultores y ganaderos se mantendrán (ya lo están) ojo avizor para tratar de defender sus intereses, que a la postre son los de todos los ciudadanos, ya que la producción de alimentos es esencial para cualquier sociedad.

Y para comenzar a definir esa futura PAC la Comisión Europea presentó la semana pasada una primera propuesta encaminada a simplificarla y a mejorar la competitividad de los productores. Se trata de un amplio paquete de medidas dirigido a paliar la carga administrativa y mejorar los controles, la aplicación, la respuesta a las crisis y las necesidades de inversión del sector. Según la Comisión, estos cambios podrían ahorrar hasta 1.580 millones de euros anuales para los agricultores y 210 millones de euros para las administraciones nacionales, al tiempo que harían que los pagos, determinados requisitos y las herramientas de crisis fueran más flexibles y fáciles de gestionar. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo de simplificación más amplio en consonancia con la Brújula de Competitividad de la Unión Europea (UE) y apoya la competitividad, la resiliencia y la digitalización del sector agrícola, así como, en particular, a los jóvenes agricultores y a los agricultores ecológicos.

Los agricultores de toda la UE están sujetos a pesadas obligaciones administrativas que a menudo no reflejan las realidades sobre el terreno. Esta carga normativa requiere mucho tiempo y genera costes para los productores y las administraciones nacionales. Conduce a una menor aceptación de las obligaciones y también puede desalentar la inversión. Para hacer frente a estos retos, la Comisión propone ahora soluciones específicas a través de un conjunto de cambios legislativos concretos basados en la experiencia operativa y en las amplias observaciones de las partes interesadas y los Estados miembros.

Para hacerlo más atractivo, el límite del pago único anual para los pequeños agricultores se incrementará de 1.250 euros a 2.500. El objetivo de estos pagos para los pequeños agricultores es promover una distribución más equilibrada de la ayuda, reforzar la vitalidad de las zonas rurales en las que las pequeñas explotaciones desempeñan un papel económico clave y reducir las cargas administrativas tanto para los productores como para las autoridades. Agricultores y ganaderos también estarán exentos de determinadas normas medioambientales (condicionalidad), mientras que pueden beneficiarse de pagos que recompensen la agricultura ecológica (eco-regímenes).

El paquete de simplificación tiene por objeto, además, adaptar mejor las diversas prácticas agrícolas a las condiciones locales, reduciendo al mismo tiempo el solapamiento con las normas nacionales existentes. Por ejemplo, se considerará automáticamente que las explotaciones ecológicas certificadas cumplen algunos de los requisitos medioambientales de financiación de la UE. Y para reducir la carga administrativa de los controles, estos se racionalizarán mediante el uso de satélites y tecnología. Además, se introducirá un nuevo principio: solo un control sobre el terreno por año y explotación.

Gestión de crisis.

Los agricultores de la UE afectados por catástrofes naturales o enfermedades animales recibirán un mejor apoyo gracias a los nuevos pagos de crisis disponibles en el marco de los planes estratégicos de la PAC y a herramientas de gestión de riesgos más flexibles y accesibles. Los Estados miembros se beneficiarán de una mayor laxitud a la hora de adaptar sus planes estratégicos y solo se requerirá la aprobación previa de la Comisión para las modificaciones estratégicas. Esto tendrá un impacto positivo en los agricultores, que se beneficiarán más rápidamente de los cambios introducidos.

A los pequeños agricultores les resultará más fácil obtener ayuda financiera a través de una nueva opción de financiación simple, que ofrece hasta 50.000 euros para ayudar a mejorar la competitividad de sus explotaciones.

Asimismo, se seguirá animando a las administraciones nacionales a desarrollar sistemas digitales interoperables. Siguiendo el principio de «informe una vez, utilice varias veces», el objetivo es que los agricultores solo tengan que presentar sus datos una vez, a través de un único sistema, ahorrando tiempo, reduciendo los costes administrativos y mejorando la gestión de las explotaciones.

Según Christophe Hansen, comisario de Agricultura y Alimentación, «estamos recuperando el pragmatismo en la Política Agraria Común. Nuestras propuestas de hoy establecen un equilibrio entre la necesidad de contar con una política adaptada a las realidades sobre el terreno con la salvaguarda de una cierta estabilidad para todas las partes interesadas del sector agrícola. La Comisión está del lado de los agricultores y estamos haciendo todo lo posible para reducir la burocracia para que puedan centrarse en lo que mejor saben hacer; producir alimentos para todos nosotros mientras protegemos nuestros recursos naturales. Confío en que estas medidas darán resultados concretos sobre el terreno. Pido a los colegisladores que adopten esta propuesta antes de finales de año para que los cambios ya puedan llegar a los agricultores en 2026».

Por su parte, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha valorado positivamente esta propuesta de simplificación de la PAC, ya que «recoge buena parte de las solicitudes presentadas por España». Planas ha señalado que la iniciativa legislativa de Bruselas supone un «importante avance» hacia una mayor simplificación y reducción de la carga burocrática demandada por los Estados miembros.

Marco financiero.

Días después de presentar esta propuesta, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha manifestado que Bruselas prevé fusionar en un único Fondo de Competitividad varios de los programas destinados al a Política Agraria Común y de otras áreas en el presupuesto de 2028-2034 y «modernizar» las cuentas del campo. Von der Leyen, en una conferencia en la que ha esbozado las líneas maestras de la propuesta para el Marco Financiero Plurianual (MFP) que el Ejecutivo comunitario presentará oficialmente en julio, ha incidido además en que la Política de Cohesión y la PAC, que representan juntas más del 60% del presupuesto, seguirán teniendo un lugar «central» en las próximas cuentas, aunque se «modernizarán».

La política alemana ha explicado que el próximo presupuesto tendrá una «nueva estructura» centrada en «asociaciones nacionales y regionales para inversiones y reformas». Ha desarrollado así la idea esbozada en febrero de organizar las cuentas en torno a un «único plan nacional» de gasto, que había sido muy criticada por las autoridades regionales, la Eurocámara y las asociaciones agrarias profesionales.

De hecho, ASAJA, COAG y UPA han entregado en la sede de la Comisión Europea en España el manifiesto 'El castillo de naipes de la UE' en defensa de una PAC fuerte y bien financiada. El presidente de ASAJA, Pedro Barato, el secretario general de COAG, Miguel Padilla y el secretario general de UPA, Cristóbal Cano, han mantenido una reunión con el director de la Representación de la Comisión Europea en España, Lucas González Ojeda, para trasladarle personalmente las preocupaciones del sector agrario europeo ante los recortes presupuestarios que amenazan el futuro de la Política Agraria Común.

Durante el encuentro, celebrado en la sede de la CE en Madrid, los representantes de las tres organizaciones han hecho entrega formal del manifiesto, un documento conjunto elaborado en el marco de las movilizaciones impulsadas por el COPA y la COGECA cuyo acto central tuvo lugar este martes en Bruselas y en el que participó una delegación de ASAJA, COAG y UPA en representación de todos los agricultores y ganaderos españoles.

Paralelamente, UPA organizó el mismo día una protesta frente a la sede de la Comisión Europea en Madrid para trasladar su preocupación por el futuro de la PAC. «Sólo con un presupuesto fuerte y mejor repartido podremos abordar los retos de futuro», asegura la organización. Varios centenares de agricultores y ganaderos de toda España se concentraron bajo el lema 'Por una PAC fuerte y con presupuesto'.

En este contexto, las tres organizaciones agrarias recuerdan que enviaron una carta al presidente del Gobierno solicitando un compromiso claro con la defensa de un Marco Financiero Plurianual potente, que asegurase los fondos de la PAC de cara a la próxima reforma, manteniendo el fondo específico actual y defendiendo el statu quo. Hasta la fecha, no se ha recibido contestación alguna por parte del presidente del Gobierno, lamentan.

El manifiesto 'El castillo de naipes de la UE' advierte de forma clara: «Sin presupuesto no hay PAC, sin PAC no hay agricultores, sin agricultores no hay seguridad». En él se denuncia el peligro de diluir la PAC en un fondo único europeo que elimine la especificidad de la política agraria, sustituya los pilares actuales por una programación nacional única y abra la puerta a una renacionalización encubierta, debilitando así el mercado único y generando profundas desigualdades entre Estados miembros.

Barato, Padilla y Cano han insistido en que «la PAC es una cuestión estratégica para la seguridad alimentaria, la estabilidad económica y la cohesión territorial de Europa». Por ello, han reclamado un compromiso firme para mantener una línea presupuestaria clara, específica y ajustada a la inflación dentro del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP).

Los tres dirigentes han subrayado que la PAC no puede convertirse en una moneda de cambio ni en un elemento residual en los nuevos debates presupuestarios. «Sin una política agraria robusta y común, la UE se arriesga a romper los equilibrios que han sostenido hasta ahora la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y el mundo rural en Europa».

Pedro Barato ha dicho, además, que la simplificación administrativa no puede ser una cortina de humo que oculte la falta de ambición presupuestaria. «Las medidas son un entretenimiento si no van acompañadas de un respaldo económico real», afirmó Barato. «Primero el presupuesto y luego las medidas. Sin presupuesto, no hay política útil».

Otras reacciones.

Mientras tanto desde Farm Europe, organización europea de la que forma parte ASAJA, aseguran que las prisas por cumplir el plazo del 16 de julio para presentar el Marco Financiero Plurianual «no deben conducir a una reforma de la PAC que se reduzca a más subsidiariedad (¿casi renacionalización?) y, por tanto, a menos eficacia». En resumen, añaden, una PAC muy variable de un Estado miembro a otro con un componente de cofinanciación más fuerte para hacer «aceptable» un recorte presupuestario propuesto. «¡Recordemos lo desigual que es la movilización de las finanzas nacionales de un país a otro! Para el periodo 2021-24, con la excepción sobre todo de Países Bajos, los demás países no han sido especialmente generosos teniendo en cuenta los costes adicionales soportados por sus sectores agrícolas, y 10 países no han aportado casi nada».

Por su parte, el pleno del Comité Europeo de las Regiones ha exigido «reformas fuertes» para proteger al sector agroalimentario europeo. Sobre las prácticas comerciales, esta entidad propone, entre otras cosas, una plataforma europea integrada por las autoridades competentes de todos los Estados miembros que ayudaría a coordinar la aplicación de las medidas establecidas en la legislación. Exige también normas más justas y controles para proteger de la competencia desleal que representan los productos importados que no cumplen con las normas europeas.

Asimismo, y ante la reciente inestabilidad geopolítica, las regiones llaman al establecimiento de reservas agrarias estratégicas a nivel de la UE para salvaguardar la seguridad alimentaria y la estabilidad del mercado durante futuras crisis. Y solicitan la creación de un mecanismo que active automáticamente reducciones voluntarias de la producción cuando se superen los umbrales de suministro.