No hay dos sin tres. Y PP y PSOE van a por el tercer acuerdo consecutivo en las Cortes. Lo hicieron con el Estatuto, a pesar de todos los dimes y diretes. Lo hicieron con la Ley de la Representatividad de las Organizaciones Agrarias hace apenas una semana. Y se confirma un nuevo pacto para la Ley de Simplificación Administrativa. Hoy se ha corroborado en la Comisión de enmiendas en las que unos y otros han tenido que ceder lo suyo. Los socialistas han aceptado, previa alguna modificación, nueve enmiendas del PP. A cambio los populares han retirado diez enmiendas y han aprobado tal cual cuatro de las enmiendas del PSOE. Además los populares han aceptado la enmienda para hacer una nueva reforma puntual a la Lotau, pero también haciendo algún cambio en la propuesta socialistas (que eso en términos parlamentarios se llama transar).

Entrando en materia, en el debate de hoy se han incorporado, por tanto algunas novedades a la ley. Una de ellas tiene que ver con el cometido de la Comisión para la Simplificación, Agilización y Digitalización administrativa. Se le suma una nueva función, pues tendrá que analizar si hay personal suficiente en la Junta para acomer estos objetivos de aligerar la burocracia, con la posibilidad de proponer cambios en la relación de puestos de trabajo o con unidades de apoyo. Tiene su relevancia dado que una de las polémicas que ha suscitado esta nueva normativa tiene que ver con la entrada de las entidades colaboradoras, algo que desde los sindicatos han alertado de que podría sustituir la labor de los empleados públicos. El diputado del PP, Santiago Serrano, explicó que se trata de "velar para que cada uno de los servicios, antes del inicio de esta forma de colaboración, haga un análisis de lo que está sucediendo en cada uno, de si la dotación de recursos humanos es suficiente y que no exista la tentación de sustituir".

Otra de las enmiendas aprobadas reduce la vigencia de la autorización de las entidades colaboradoras. La propuesta del Gobierno la fijaba en diez años, pero el PP proponía bajarlo a cinco. Al final se quedará en siete. Los diputados populares querían asimismo que no hubiera copagos por las funciones de estas entidades. Finalmente se ha incluido en la ley una limitación a esta posibilidad. Serrano argumenta que se ha podido "consensuar" con el Grupo Socialista para que "donde hay tasas no exista ese repago, que no comulgamos con él". Avisa de que su partido estará "vigilante" y velará para que solo se establezcan tarifas justas y cuando sea necesario. El presidente del Grupo Socialista, Ángel Tomás Godoy, explicó que se aplicará una bonificación de la tasa del 50 por ciento para los ciudadanos y empresas que utilicen las entidades colaboradoras con una contraprestación económica.

Vox se quedó fuera del acuerdo y se mostró en contra de seguir adelante con esta ley. El diputado Luis Blázquez alerta de que las entidades colaboradoras "no son sino un intento encubierto de privatización sin control ni ganrantías de los servicios públicos".  "No queremos intermediarios en trámites con los ciudadanos", añadió, "queremos una administración que sea accesible, clara y abierta". Además sospecha de la incorporación de la inteligencia artificial en la administración. "Nos preguntamos quién controla los algoritmos que tomarán decisiones, ¿qué garantías tendrá el ciudadano en una resolución automatizada? ¿cómo se asegura el acceso de las personas vulnerables si todo es digital?", cuestiona.