Feijóo toca a rebato. El líder del PP ha activado una singular cruzada para que sus cargos denuncien por toda España las «desigualdades» que suponen los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas. Muy especialmente con Junts, el partido del fugado Puigdemont, con acuerdos como la cesión de las competencias de inmigración, que otorgan «privilegios» a unas comunidades frente a otras y generando ciudadanos «de primera y de segunda».
Pese a que el líder socialista salvó dos decretos in extremis -el llamado escudo social con medidas anticrisis y el conocido como ómnibus sobre Justicia-, en Génova son conscientes de que la sesión plenaria «esperpéntica» en el Pleno del Congreso trasladó, más que nunca, una preocupante imagen de «debilidad» del tándem PSOE y Sumar, que acepta el «chantaje» y la «extorsión» permanente del secesionismo para poder continuar en la Moncloa.
«Estamos ante un Gobierno derrotado y humillado», sentenció Feijóo, que ha dado instrucciones a sus barones para que en cada provincia de España no den tregua al Ejecutivo de coalición y denuncien públicamente los pactos con el soberanismo y las consecuencias que acarrean las «cesiones».
Los populares subrayan que las medidas acordadas con Junts no iban en el programa socialista y no se votaron en las urnas. En el caso de la transferencia de inmigración a la Generalitat consideran que esta propuesta ya está provocando «desgaste» al PSOE, que tiene «dificultades» para explicarla porque «no la entiende nadie» ni se ha presentado documento alguno.
«Hay desigualdad y no hay progresismo cuando se accede, como ha hecho Sánchez y Sumar, a las exigencias xenófobas y racistas que ha puesto encima de la mesa Junts y que el Gobierno está obligado a cumplir», reprochó la vicesecretaria de Organización, Carmen Fúnez.
El capítulo económico -cada día más presente- será otro de los ejes de esta campaña que no sólo es de denuncia, también lo es de diferenciación de modelos.
Así, Feijóo y los suyos harán hincapié también en las medidas que el Gabinete de Sánchez no aceptó incluir en los decretos. En Génova advierten que si se hubieran llevado a cabo, la ciudadanía se habría evitado subidas «de hasta el 20 por ciento en la calefacción, un ahorro de 1.200 millones por el IVA de alimentos y otros 1.000 millones en reducción de ministerios».
En concreto, calculan que con la rebaja del IVA al cinco por ciento de carne, pescado y conservas, los españoles se ahorrarían 1.218 millones de euros al año.
En el lado energético, denuncian que la subida del cinco al 10 por ciento en la factura de luz y gas introducida con el decreto anticrisis provocará que la factura de una familia media incremente un 10 por ciento en el caso de la electricidad y de un 20 en la calefacción.
Y en defensa de la deflactación del IRPF para rentas menores de 40.000 euros, desde el PP enfatizan que «una pareja de rentas medias, con un salario de alrededor de 35.000 euros cada uno, equivalente a una base imponible de 30.000 euros por persona, tendría un ahorro porcentual de un 2,74 por ciento».
La cúpula de la formación conservadora ha recogido estas cifras de ahorro en un argumentario interno que han repartido ya entre sus cargos para que trasladen en sus respectivas circunscripciones los millones que se pierden por los pactos del Gobierno de Sánchez con los independentistas y no con el Partido Popular.
Indignación social
Con tres citas electorales como telón de fondo -gallegas primero y después vascas y europeas- Feijóo ha programado una intensa agenda para explicar la ofensiva «jurídica, política y social» que anunció contra las políticas de Pedro Sánchez.
«Puigdemont le chantajea y él le entrega España. Ante un Gobierno débil y mentiroso, iniciamos una ofensiva política, jurídica y volvemos a la calle», difunden los populares en sus redes sociales, en alusión a la protesta en Madrid prevista para el domingo 28 de enero, para llamar a la movilización.
La formación conservadora tiene claro que la «inmensa mayoría de los españoles están en contra» de los pactos que está suscribiendo Sánchez y pretenden dar «canalización a esa indignación social» con «una nueva concentración cívica y pacífica en la calle» esa jornada, en palabras de su portavoz parlamentario, Miguel Tellado.
La protesta coincidirá con la tramitación en la Cámara Baja de las enmiendas de la ley de amnistía, ya que el Congreso habilitó el mes de enero para acelerar la tramitación de esta polémica norma acordada con los independentistas para lograr la investidura de Sánchez.