Intuyo la batalla soterrada entre posiciones conservadoras y progresistas --las dos Españas-- a propósito de las manifestaciones por el orgullo LGTBI y percibo un indudable avance de esas posiciones que suelen atribuirse a la derecha frente a las de izquierda, aunque en realidad no suelen corresponderse milimétricamente las opiniones al respecto con las tomas de posición políticas. Lo que ocurre es que cuestiones que parecían ya definitivamente certificadas, como la igualdad o el respeto a la diversidad sexual, se reabren, y qué duda cabe de que la presencia de la 'derechísima' en los foros públicos algo tiene que ver con ello.
Pero no se trata solamente de cuestiones que afecten a las etiquetas sexuales de los ciudadanos, desde la 'ley trans' hasta la del 'sí es sí', pasando por el aborto o el matrimonio homosexual: si analizas con cuidado las declaraciones de determinados políticos que transmiten los periódicos, radios y televisiones percibes un aire de marcha atrás, de replanteamiento de muchas cosas en las que se habían producido avances quizá, estamos de acuerdo, excesivamente rápidos, poco meditados y que dejaban en la cuneta las creencias de una parte de la sociedad: desde la eutanasia hasta la pluralidad lingüística en algunas Comunidades, pasando, claro, por el propio concepto de igualdad, todo está siendo sometido a revisión incluso antes del giro social y político que pronostican, aunque sin demasiada certeza, las encuestas ante las elecciones legislativas.
Si atribuimos un carácter inexorable a esa ley del péndulo que sentencia que, a la preeminencia política, social y moral de la llamada, por entendernos, izquierda, sigue otra época en la que la derecha cuestiona muchos de los avances de la era anterior, no sería difícil afirmar que hay una compulsión quizá ahora mayoritaria que anhela una revisión a fondo de mucho de lo actuado desde junio de 2018 hasta ahora. Admitamos que algunas de las propuestas del Ministerio de Igualdad, regentado aún por Irene Montero, no pocas de las campañas publicitarias de este Departamento, han contribuido a incrementar la irritación ante ciertas iniciativas relacionadas con la 'ley trans', con la nueva regulación del aborto y del concepto de familia, incluso con la violencia de género --sometida incluso a una estéril batalla semántica-- y, claro, con las manifestaciones del orgullo LGTBI de este fin de semana.
El pacto suscrito entre PP y Vox en Baleares, por ejemplo, o la designación de figuras claramente retrógradas, en relación con bastantes derechos, para presidir los parlamentos de Aragón y la Comunidad Valenciana, amén de la indudable desautorización a la 'popular' extremeña María Guardiola para que mantenga sus pociones hostiles a Vox podrían interpretarse como signos de que la 'derechización' impuesta por un pacto entre Vox y el PP es ya un hecho, sin necesidad de que lo ratifiquen las urnas el próximo día 23. Por eso, Núñez Feijóo se esfuerza en sugerir que no habrá pacto de Gobierno con Abascal tras el 23-j, y que no será el líder derechista --sino una mujer-- quien ocupe el 'número dos' de ese Ejecutivo del PP que las encuestas siguen pronosticando como el más probable.
Porque, por mucho que sorprenda esta afirmación, la verdad es que las posiciones de Feijóo en muchas materias 'sociales' están más cercanas al PSOE que a los planteamientos más duros que están mostrando estos días algunos personajes de Vox. Y no es ningún secreto que el núcleo central del PP siente una patente aversión ante cualquier pacto, como los que ya se están produciendo en algunas autonomías, con Vox.
La batalla está planteada, y no es solamente dialéctica. Ni teórica. Tanto Feijóo como Sánchez, gane quien gane, tendrán, prioritariamente, que moderar la temperatura de reformas y contrarreformas para que el péndulo no se convierta en un 'pendulazo'. Hay cosas que han de reformarse, sin duda, porque se han hecho desde el doctrinarismo. Pero hay conquistas que, simplemente, ni se derogan ni se tocan. Porque otra cosa puede ser peligrosa para la buena marcha de una democracia.
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