El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), coordinó el abono, por parte de las comunidades autónomas, de más de 4.037 millones de euros de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC). Estas cifras son ya las de final de año y resumen la pasada campaña de pago, que comenzó el 16 de octubre y terminó el 31 de diciembre. Las ayudas directas de la PAC constituyen alrededor del 90% de los pagos totales anuales del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA) y suponen una garantía de renta para los 648.000 agricultores y ganaderos españoles que presentaron su solicitud de ayuda en 2022.
A partir del pasado 1 de diciembre se autorizó el abono del 95% del régimen de pago básico, del pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (pago verde) y para jóvenes agricultores. Asimismo, y una vez que se lleve a cabo la asignación de derechos procedentes de la Reserva Nacional de Pago Básico, en el primer trimestre de 2023, se podrá autorizar el abono del 5% restante, cuyo plazo para hacerse efectivo concluye el 30 de junio de 2023.
También desde el 1 de diciembre se pudo transferir la totalidad del pago del régimen simplificado para pequeños agricultores; y el 90% del pago de los regímenes de ayudas asociadas a la producción del cultivo del arroz, proteicos, frutos de cáscara y algarrobas, legumbres de calidad, remolacha azucarera y tomate para industria, así como de las ayudas asociadas a la ganadería, excepto las referidas al cebo de terneros. El 10% restante correspondiente a estos regímenes de ayudas asociadas a la producción podrá abonarse a partir del momento en el que se establezca el importe unitario definitivo, en los primeros meses de 2023, y siempre antes del 30 de junio.
Respecto al pago específico al algodón y las ayudas al vacuno de cebo, los requisitos de admisibilidad de estas ayudas no podrán ser verificados hasta el inicio del año 2023, ya que el cálculo del importe unitario se basa en las unidades de producción (hectáreas y número de animales) que cumplen todos los requisitos de estos regímenes de ayudas. Al igual que en los demás regímenes, el plazo para hacer efectivos los pagos para estas dos ayudas concluye el 30 de junio de este año.
Posibles modificaciones.
La nueva PAC, como era de esperar, no ha contentado a todos los implicados por igual. Más allá de la labor del Ministerio de Agricultura para afinar el Plan Estratégico, que puede gustar más o menos, lo cierto es que la Política Agraria Común es el marco para aplicar una gran cantidad de normas que van a afectar al sector agrario español, extremadamente diverso debido a la variabilidad de climas, terrenos, altitudes… Con ese panorama es muy complicado que todo el mundo quede satisfecho y, de hecho, algunas regiones y organizaciones agrarias ya han manifestado la idea de tomarse este 2023 casi como un periodo de prueba para poder modificar lo necesario pensando en ejercicios posteriores.
La última en expresarse en ese sentido ha sido la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León, que se ha declarado abierta a impulsar «modificaciones de los textos aprobados». Ángel Gómez, director general de la Política Agraria Común en esta comunidad, ha declarado que «hemos propuesto al Ministerio interpretaciones sensatas sobre los eco-regímenes, como la flexibilización de los porcentajes de leguminosas en los cultivos mejorantes; la ampliación de la relación de especies mejorantes, con informes justificativos de la idoneidad de la introducción en la rotación de ellos; o la ampliación de posibles prácticas para los cultivos aromáticos que, de otra forma, habrían quedado fuera de los eco-regímenes».
«La improvisación, que se ha puesto de manifiesto en las sucesivas interpretaciones y cambios de opinión del Ministerio, ha provocado el aumento de las críticas hacia unas normas poco claras y, además, sin un respaldo legal, pues los reales decretos de aplicación no se han publicado hasta el pasado 29 de diciembre», ha criticado también.