Aparte de los grandes sindicatos, Podemos, Izquierda Unida o la Intersindical han suscrito un manifiesto de apoyo a las ocho personas a las que Caixabank solicita penas de prisión por una protesta pacífica en el interior de una sucursal de la entidad en Cabanillas del Campo. La Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara ha convocado este sábado a las 12,00 horas una concentración frente a la sede central de la entidad en la Plaza del Jardinillo de la capital. Denuncian que Caixabank borró las imágenes de las cámaras de seguridad de la sucursal.
Hay que recordar que en diciembre del año 2017 los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara (PAH), trataron de paralizar el desahucio de una vecina de Cabanillas del Campo y sus dos hijos. Ahora, cinco años más tarde, ocho de ellos podrían enfrentarse a penas de prisión que van de uno a tres años y siete meses de cárcel, acusados de delitos de allanamiento de establecimiento, resistencia a la autoridad, desobediencia, coacciones y desórdenes públicos.
Según ha denunciado la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara (PAG), el banco se había comprometido verbalmente a paralizar el desalojo a la espera de que se negociara un alquiler social, por intermediación del Ayuntamiento de la localidad, pero se negaron a dejar por escrito los términos de este compromiso, por lo que los activistas decidieron acudir a la sucursal a pedir los papeles necesarios para ayudar a la mujer. Mientras, las viviendas habían sido entregadas a una gestora que, sin embargo, empezó a "hostigar y acosar" a las familias.
"La respuesta de CaixaBank ante la aparición de los activistas en su sucursal, fue llamar a la Guardia Civil, que posteriormente se llevaría a los presentes detenidos y para los que se piden ahora penas de cárcel, tanto por parte del fiscal como por la acusación particular –el banco–. Sin embargo, no se menciona en ningún momento del atestado ni en las declaraciones de los agentes que la jornada se saldara con actos violentos. Es más, uno de ellos declaró durante la instrucción judicial que "no se enfrentaron de forma verbal ni violenta" y que "fue una resistencia pasiva". A requerimiento del Juzgado de Instrucción nº1 de Guadalajara, Caixabank fue instada a que aportara las cámaras de seguridad del día de los hechos, pero la entidad procedió a borrarlas antes de ser entregadas". denuncian desde la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara.
El procedimiento dará comienzo el próximo 30 de noviembre –al que acudirá Amnistía Internacional como observadora en el juicio para asegurarse de que se cumplen todas las garantías– y en el caso de que no quede dictada su absolución, ya han anunciado que "agotarán todas las instancias judiciales españolas hasta llegar, si es necesario, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo".