Integrantes de la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara (PAG) se concentraron este miércoles ante las puertas de la sede de CaixaBank, en la calle Mayor de Guadalajara, junto a los ocho activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que a los que se va a juzgar por manifestarse, el 5 de diciembre de 2017, ante la sucursal de esta entidad bancaria en Cabanillas del Campo, para reclamar el aplazamiento del desahucio de una familia de esta localidad, previsto entonces para pocas semanas después.
La concentración se hizo coincidir, precisamente, con el día para el que estaba prevista la celebración del juicio a puerta cerrada contra estos ocho activistas, que se enfrentan a penas de entre 1 y 3 años y medio de prisión por la protesta ejercida el 5 de diciembre de 2017.
Una vista que ha sido suspendida, en espera de que se resuelva el recurso presentado por la PAG contra la decisión de celebrar el juicio a puerta cerrada. Así, nuevamente, desde la Plataforma vuelven a reiterar la intención de los investigados de no asistir al juicio si finalmente la resolución vuelve a recoger que no sea a puerta abierta, en cuyo caso seguirán desobedeciendo y optando por recurrir a instancias superiores. "No vamos a parar", señalaban Nuria Ramos y Patricia Carlavilla, ejerciendo de portavoces de la PAG.
Protesta ante las puertas de CaixaBank en Guadalajara - Foto: Lara RanzPor el contrario, en caso de que la Audiencia Provincial resuelva que se un juicio a puerta abierta, señalán que estarán allí.
"Estamos ante un juicio político, con un prejuicio ideológico y moral detrás", señalan desde la PAG, no entendiendo la decisión de la jueza que lleva el caso, María del Carmen Molina Mansilla, de declinar la celebración a puerta abierta de esta vista aludiendo a razones de "moralidad, orden público y salubridad" y a que "podían poner en peligro la seguridad de los intervinientes".
Para los integrantes de la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara, todo este proceso está "lleno de irregularidades", considerando la detención de estos ocho activistas como algo "totalmente ilegal".
"Están convencidos de que la sentencia está escrita y que el juicio no va a albergar ninguna garantía de derecho que podamos entender justa", abundan tras reiterar que para ellos "un juicio justo implica un juicio a puerta abierta, con medios de comunicación y con los observadores internacionales. Y No alberga ningún peligro ni para la jueza ni para los intervinientes", subrayan mientras reiteran el derecho a la protesta, a la libre información y a la audiencia pública "como garantía de una vista justa".
En la puerta de la entidad se podía leer un letrero en el que decía que la oficina estaría cerrada durante toda la jornada.