El anuncio de la Comisión Europea hace un par de semanas de su intención de flexibilizar la protección del lobo en territorio comunitario sigue suscitando opiniones de todo tipo. Por un lado, el sector ganadero ha acogido con esperanza la declaración de las autoridades europeas, dado que en muchas zonas los ataques de este depredador se lo están poniendo muy complicado a unos profesionales que ya están atravesando una situación dura por otros motivos. Desde UPA, por ejemplo, valoraban «positivamente esta toma de conciencia del Ejecutivo europeo sobre este grave problema, que causa millones de euros en pérdidas a los ganaderos españoles cada año y sobre el que las acciones del Gobierno español no han contribuido a su resolución».

Por otra parte, numerosas asociaciones que se autodenominan conservacionistas han puesto el grito en el cielo ante la posibilidad de que se pueda volver a cazar el lobo para ejercer un control sobre su población. La Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL), principal promotora de la inclusión de la especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, ha manifestado su esperanza en «que se refuerce el crecimiento de las poblaciones de lobos y otros grandes carnívoros en Europa» manteniendo que la convivencia entre el ganado y el lobo es posible; una convivencia que muy probablemente los miembros de ASCEL no estén obligados a sufrir diariamente.

Recientemente, Expertos de Waves, la Sociedad Euromediterránea para la Vigilancia de la Fauna Salvaje, que promueve un simposio internacional sobre la conservación del oso y el lobo, han abogado por aplicar medidas de control de la población del Canis lupus basándose en que el lobo tiene un «crecimiento de su población exponencial» y el oso no. Ha sido Vicente González Eguren, profesor de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León y presidente del comité científico de ese simposio que reunirá en Zamora a 150 expertos de seis países a finales de septiembre, quien ha resaltado la distinta estrategia reproductiva entre las dos especies.

A su juicio, la prohibición de cazar el lobo y de su «gestión poblacional» lleva implícito un mensaje «completamente erróneo» y que puede hacer «mucho daño» a la especie. Esa prohibición puede hacer pensar, a personas que no sean expertas, que si se caza, la especie puede correr peligro cuando la estrategia reproductiva de ese cánido tiende a un crecimiento exponencial, a diferencia de lo que ocurre con el oso, que únicamente tiene a su cuidado unas pocas crías, ha argumentado. Por ello, González Eguren ha defendido que el ser humano pueda intervenir en la gestión de las poblaciones de lobo en un país como España, en el que la mayor parte del territorio es ha sido modificado por el hombre y es mayoritariamente agrario. Por su parte, el presidente de Waves España y del comité organizador del simposio, Pablo Santos, ha apuntado a que el depredador debe tener «ciertas medidas de control», compatibilizar la especie con los diferentes usos agroganaderos y aprovecharla como un recurso turístico más.

El director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz, se ha mostrado aún más crítico con la prohibición de la caza del lobo en España y ha opinado que está basada en «decisiones unilaterales» que impiden una correcta gestión de la especie. Por ello ha indicado que la Junta de Castilla y León aportará información a la Comisión Europea para argumentar la necesidad de «flexibilizar» la gestión del lobo en España.

Tensión en la UE.

Los grupos políticos del Parlamento Europeo, que es en última instancia el lugar donde debe decidirse si se flexibiliza o no la protección, discrepan sobre la posibilidad de modificar el estatus de la especie en la UE. Durante un debate parlamentario, los eurodiputados del espectro progresista acusaron a la presidenta del Ejecutivo de «caer en el juego de un sector» a pocos meses de las elecciones europeas. «Creo que la Comisión Europea y particularmente su presidenta se han equivocado. Creo que han caído en el juego de un sector y eso es peligroso porque corre el riesgo de animar a la confrontación», dijo tras el debate el eurodiputado socialista César Luena.

Por su parte, los liberales y la derecha aplaudieron la nueva iniciativa de Bruselas. Así lo expresó el eurodiputado del Partido Popular Europeo Norbert Lins, que agradeció que Von der Leyen «no solo haya escuchado las voces del sector rural, sino también las de la Eurocámara». «No podemos permitir que el lobo abra una brecha entre las zonas rurales y las ciudades. Los lobos no conocen las fronteras nacionales», sentenció. En esta línea, la eurodiputada de Renew Ulrike Müller, aseguró que «en muchos Estados miembros es la ideología lo que no lleva a declarar los excesos de algunos depredadores». Estas demandas de los eurodiputados conservadores entroncan con los reclamos de las denominadas «comunidades loberas» en España (Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León), que iniciaron a finales del año pasado una campaña para abordar la situación a nivel comunitario.

El Ejecutivo de la UE, que hasta ahora había defendido la idoneidad de la protección reforzada del lobo, habilitó un sistema para que las partes interesadas puedan presentar hasta el 22 de septiembre datos actualizados sobre la población de lobos y sus impactos. La comisaria europea de Servicios Financieros, Maired McGuinness, explicó durante el debate que una vez la Comisión examine los datos presentados «decidirá sobre una propuesta para modificar, si procede, el estatus de protección del lobo en la Unión Europea».

35 ataques al día.

Durante el primer año de inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, los ataques con daños a ganado se han disparado un 19%. Los cálculos realizados por los Servicios Técnicos de COAG, sobre la base de los datos oficiales de las comunidades autónomas con más presencia de manadas (Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla y León y La Rioja), son contundentes: en 2022 se han registrado 2.338 ataques más que el año anterior; de 10.560 a 12.898. Eso representa más de 35 ataques diarios.