Los presupuestos llegan al DOCM y entrarán en vigor el día 1

La Tribuna
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Las cuentas para 2024, que fueron aprobadas por las Cortes regionales el pasado 20 de diciembre, ascienden a un montante de 12.473 millones de euros, con una variación del 0,3 por ciento respecto al ejercicio 2023.

El consejero de Hacienda defendió con uñas y dientes el pasado 20 de diciembre sus cuentas para 2024. - Foto: Javier Pozo

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicó ayer la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2024, que entrará en vigor el próximo día 1 de enero.

Las cuentas para 2024, que fueron aprobadas por las Cortes regionales el pasado 20 de diciembre, ascienden a un montante de 12.473 millones de euros, con una variación del 0,3 por ciento respecto al ejercicio 2023, según informó la Junta a través de una nota de prensa.

Tal y como manifestó el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante el pleno pasado, este presupuesto es fundamental para seguir avanzando con el conjunto de la ciudadanía para hacer de Castilla-La Mancha una «tierra cada vez más rica y cohesionada».

Durante su elaboración y debate, el Ejecutivo planteó tres grandes objetivos, consistentes en garantizar el sistema de bienestar y protección social, reforzando los servicios públicos fundamentales; promover la modernización y transformación de la economía regional e impulsar la generación de empleo estable y de calidad, con la transformación digital y la transición energética como motores del crecimiento; e impulsar la Estrategia Regional frente a la Despoblación.

En este último punto, se ha hecho especial énfasis en la financiación de políticas dirigidas en el ámbito rural al emprendimiento, la innovación y las pymes, además de a la consolidación y ampliación de los servicios públicos o la mejora de sus infraestructuras.

RESPONSABILIDAD FISCAL Y PRUDENCIA FINANCIERA. Desde el comienzo de la elaboración de estas cuentas, el Gobierno regional ha planteado los criterios de responsabilidad fiscal y prudencia financiera.

Asimismo, el Gobierno ha destacado el respaldo con el que han contado de los agentes sociales, así como el aval de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).