El Gobierno ha acordado este martes nombrar a la ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado, nueva fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, accediendo así a la propuesta realizada por su sucesor en el cargo, Álvaro García Ortiz, a pesar de la oposición de la mayoría del Consejo Fiscal, que ha advertido de que podría tratarse de un nombramiento nulo.
Así lo ha anunciado la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este martes, reivindicando que el procedimiento ha sido "absolutamente transparente" porque tanto las bases como la concurrencia a esta convocatoria de plazas en la Fiscalía se han publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Rodríguez también ha querido aclarar que dicha designación "no supone un ascenso" para Delgado. La otrora jefa del Ministerio Público ascendió a la máxima categoría --fiscal de sala-- el pasado septiembre, también por decisión de García y Ortiz y en contra de la mayoría del Consejo Fiscal, que apoyó a otro candidato.
Asimismo, ha defendido que "el Gobierno actúa en la potestad que le corresponde" conforme a la Ley de Memoria Democrática, por la que se creó esa plaza. Al hilo, ha destacado que esta ley "viene a atender y dar respuesta a esas víctimas". "Y lo correcto es no privarlas de esa oportunidad", ha añadido.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha llevado la propuesta de nombramiento de Delgado al Consejo de Ministros de este martes después de que la Abogacía del Estado concluyera en un informe, encargado por la propia Llop, que no tenía margen legal para no elevarla a la mesa del Gobierno, según las fuentes consultadas por Europa Press.
Estos movimientos se enmarcan en la polémica desatada el pasado jueves, cuando García Ortiz acordó adjudicar a Delgado la plaza de Memoria Democrática y Derechos Humanos en contra de la mayoría del Consejo Fiscal, que entiende que la ex fiscal general podría incurrir en una causa de incompatibilidad por su relación sentimental con el ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que dirige una fundación dedicada a los Derechos Humanos.
El lunes, la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que suman 7 de los 11 vocales encargados de informar al fiscal general del Estado en materia de cargos discrecionales, enviaron sendos escritos al Gobierno advirtiendo de que la propuesta de nombramiento de Delgado podría ser nula porque no cumplió el trámite legal.
AF y APIF apuntan a una posible nulidad
Por su parte, la AF -la mayoritaria en la carrera fiscal- y la APIF sopesan recurrir por la vía judicial el nombramiento de la ex fiscal general Dolores Delgado al considerar que es nulo de pleno derecho.
"Tras este nombramiento, la Asociación de Fiscales, en el seno de su Comisión Ejecutiva, debatirá y se reflexionará sobre la posibilidad de impugnarlo vía jurisdiccional en defensa siempre de la institución", ha dicho la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, en un comunicado.
Según las fuentes consultadas por Europa Press, desde la APIF también estudiarán la posibilidad de pelear en los tribunales la adjudicación de esta plaza de nueva creación a la otrora fiscal general.
En la nota de prensa, Dexeus insiste en que la propuesta de nombramiento a favor de Delgado, que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, puede incurrir en causa de nulidad.
El lunes, tanto AF como APIF se dirigieron en sendos escritos al Gobierno para advertirle de que la elección de Delgado por parte de su sucesor, Álvaro García Ortiz, podía ser nula de pleno derecho porque no se cumplió con el trámite legal.
Conforme explicaron, la ley establece que el Consejo Fiscal debe pronunciarse en materia de nombramientos discrecionales, aunque el fiscal general no esté atado a la voluntad mayoritaria del Pleno, pudiendo proceder como considere.
Para AF y APIF, la opinión del Consejo Fiscal en lo tocante a Delgado no se emitió correctamente porque sus vocales --siete de los once llamados a pronunciarse-- no participaron ni en la deliberación ni en la votación sobre esta plaza.
Al inicio del Pleno celebrado el 8 de junio, los vocales de ambas asociaciones señalaron que Delgado podría incurrir en causa de incompatibilidad por su relación con el ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que dirige una fundación dedicada a los Derechos Humanos. En consecuencia, pidieron a García Ortiz aclarar este extremo antes de hacer la propuesta de nombramiento, pero el fiscal general optó por continuar y los siete vocales decidieron no participar.
Dexeus ha insistido este martes en que la incompatibilidad de Delgado "resulta evidente" por cuanto Garzón "ha promovido la ley de memoria democrática y la creación de una fiscalía de sala competente en la materia".
"El prestigio" de la Fiscalía
La presidenta de la AF señala, no obstante, que no le sorprende el nombramiento de Delgado porque "es la técnica que lleva siguiendo la Fiscalía General actual", a la que acusa de no rectificar "jamás" a pesar de las advertencias que le hacen llegar desde la AF pensando en "el prestigio de la institución".
Con todo, Dexeus lamenta que este nombramiento "compromete y mucho la imagen de imparcialidad y neutralidad de la Fiscalía", además de "dañar mucho el prestigio de la institución".
En sus escritos al Gobierno, AF y APIF ya avisaron de que, si el Gobierno seguía adelante con la designación de Delgado, podía acabar recurrida en los tribunales. De hecho, el teniente fiscal del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda, ha llevado al Supremo el ascenso de la ex fiscal general del Estado como fiscal de sala de lo militar en esa misma sede judicial, plaza por la que él también competía.
Delgado se hizo con el puesto en la Sala de lo Militar del Supremo tras un Pleno celebrado el pasado 22 de septiembre donde la mayoría del Consejo Fiscal apoyó a Rueda, fiscal especialista en lo militar. Con esta propuesta de nombramiento, ratificada posteriormente por el Gobierno, la otrora jefa del Ministerio Público ascendió a la máxima categoría: fiscal de sala.