Esta expresión suele utilizarse desde la oposición cuando el Ejecutivo da marcha atrás en alguna de sus decisiones que considera lesivas para los intereses nacionales. También la utilizan los socios de gobierno y la oposición por la izquierda cuando el PSOE se aviene a aprobar resoluciones que, a su juicio, contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y a la defensa de los postulados progresistas. El Gobierno está dispuesto a dar vía libre a la regularización de migrantes residentes en España hasta el 31 de diciembre del pasado año, y a promover el embargo de armas a Israel.  

El proceso de regularización tiene dos motivos, uno humanitario y social, porque no se puede mantener en la clandestinidad a centenares de miles de personas que viven y trabajan entre nosotros, solicitantes o no de asilo; y otro de carácter económico: a los migrantes se debe parte del progreso económico de España en los últimos años, y pueden cubrir la mano de obra que falta en numerosos sectores económicos. "Nosotros necesitamos contratar y ellos necesitan trabajar", dicen desde algunas patronales. La anterior regularización masiva del gobierno de Zapatero no pudo ser más exitosa en términos sociales, de integración y económicos. Si la iniciativa legislativa popular que consiguió más de 600.000 firmas para la regularización -o como se quiera denominar para edulcorar la medida- logra llevarse a término, habrá medio millón de personas que podrán programar un proyecto vital tras abandonar la economía sumergida.

Dado el primer paso, que el PSOE aprobará arrastrando los pies, quedan por resolver flecos en negociaciones con los partidos que están dispuestos a apoyar la medida, -los seis meses previstos para su aprobación parecen excesivos para los partidos de izquierdas-, aunque así trata de resolver las lagunas creadas por la aplicación del nuevo Reglamento de Extranjería que dejaría en el limbo a los solicitantes de asilo, entre otras cuestiones burocráticas. La oposición de Vox a la medida está descontada lo mismo que la del PP, que denuncia que no se han tenido en cuenta sus aportaciones, algunas de las cuales ya están previstas, por lo que una vez más el PP se sitúa del lado de lo mejor para no votar a favor de una medida que es buena para la mayoría del arco parlamentario… aunque todo depende nuevamente de lo que decida Junts.

En el caso de Israel y la Guerra de Gaza, después de la anécdota viene la categoría. La primera es la petición del presidente del Gobierno de que la Unión Europea de Radiodifusión vete la participación de Israel en el próximo Festival de Eurovisión, como se hizo con Rusia tras la invasión de Ucrania. La categoría es la decisión del PSOE de apoyar en el pleno del Congreso una proposición de ley para impedir el comercio de armas con Israel. En este marco, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo también ha preferido mirar el dedo e insistir en atacar a Pedro Sánchez por su decisión sobre lo ocurrido con el televoto nacional a favor de la canción israelí, calificándolo como "el nuevo Franco" que se ha sacado Pedro Sánchez para despistar al país de los problemas judiciales que afronta su entorno. Ni una palabra sobre los más de 50.000 muertos, ni de la hambruna que se cierne sobre Gaza, ni de la operación militar ilegal israelí de ocupación de un territorio. Ahí se retrata su talla política y humana, contraataca el Gobierno.